El Gobierno niega los traslados a la Península pero desde octubre llegan 27 inmigrantes al día

En lo que va de año, el Ministerio del Interior, que ayer aseguró que «no organiza ni financia traslados , ni en el pasado ni en la actualidad», ha ejecutado 2.200 envíos desde el archipiélago a la Península. Sin embargo, 253 se llevaron a cabo antes del 1 de octubre, según los cálculos del Ministerio de Migraciones. Desde entonces han pasado 71 días, los más duros de esta crisis migratoria en Canarias , en los que el Gobierno ha derivado a lugares como Valencia, Granada o Barcelona, entre otros, a 1.947 inmigrantes irregulares. O lo que es lo mismo, 27 al día.

Los datos de los últimos contingentes llegados a la Península indican, además, que el ritmo de traslados es cada vez mayor para aliviar la complicada situación en Canarias: en los hoteles hay alrededor de 7.000 «sin papeles», los centros de atención y acogida están desbordados y los campamentos prometidos por el Ejecutivo no están operativos a pleno rendimiento. Según ha podido saber ABC, 613 personas han arribado recientemente a Valencia (313), Granada (200) y Alicante (100).

Pese a lo que aseguren Interior y Migraciones, el Gobierno no puede negar que conoce cualquier movimiento de inmigrantes irregulares que se realice estos días. Las Fuerzas de Seguridad manejan precisos protocolos en los que se detalla cómo deben actuar los agentes que tengan que recibir a expediciones de «sin papeles» que lleguen a aeropuertos peninsulares en los próximos días.

Entre hoy y el domingo está previsto que cinco aviones con inmigrantes irregulares procedentes de las islas tomarán tierra sólo en Valencia y se sumarán a los que ya han llegado hasta la fecha al aeropuerto de Manises. Así queda reflejado en las instrucciones operativas que la Policía ha elaborado para la ocasión. Dos aparatos, desde Lanzarote y Tenerife aterrizarán hoy; otro procedente del aeródromo de Gran Canaria hará lo propio el sábado; y dos más, también de Gran Canaria, llegarán el domingo. Todos estos aviones pertenece a aerolíneas comerciales y l os inmigrantes que viajen en ellos serán sometidos a controles policiales en cuanto accedan a la terminal.

Los agentes, que recibirán un refuerzo de personal «en previsión del posible volumen de pasajeros» que lleguen al aeropuerto, tendrán que comprobar la situación legal de los inmigrantes , así como asegurarse, según se puede leer en la orden a la que ha tenido acceso ABC, de que muestran la documentación para comprobar si son susceptibles o no de ser deportados previa detención.

Con circulares como esta, en las que figura el sello del Ministerio del Interior y que a buen seguro serán muy similares a las difundidas para otros operativos similares, el Gobierno tiene muy complicado encontrar una excusa para desentenderse de los traslados de inmigrantes que se suceden con mayor intensidad con el paso de las semanas. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, rechazó el miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se realizaran trasvases de inmigrantes sin documentación de ningún tipo ni una prueba diagnóstica que descarte su contagio por coronavirus.

El Ejecutivo, sin embargo, en ningún momento ha aclarado quién paga los billetes de avión de estas personas, que carecen de recursos suficientes para afrontar un gasto así en situaciones normales . El Real Decreto 441/2007, de 3 de abril, por el que se aprueban las normas reguladoras de la concesión directa de subvenciones a entidades y organizaciones que realizan actuaciones de atención humanitaria a personas inmigrantes, permite a las ONG beneficiarias utilizar dichos fondos para pagar, entre otras cosas y por ejemplo, la manutención o los traslados de «sin papeles» en situaciones de urgencia.

Las cautelas del Gobierno a la hora de admitir que está supervisando los traslados de inmigrantes desde Canarias y que éstos son menos «puntuales» de lo que pregonan sus ministros tienen que ver con dos circunstancias. La primera, con el miedo a repetir las consecuencias del efecto llamada, que Pedro Sánchez conoce bien después de la acogida del Aquarius nada más llegar al poder. Y la segunda está vinculada a la dinámica que siguen los «sin papeles» una vez que tocan territorio peninsular.

Para la mayoría, que son magrebíes, España es sólo una zona de paso hacia otras latitudes europeas, especialmente Francia, país que reaccionaría de inmediato si comprueba que se hacen traslados masivos desde Canarias a la Península. El Gobierno galo sabe que si eso se produce la presión migratoria en su país aumentaría y es algo que quiere evitar a toda costa.