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Inmigración ilegal

La Policía espera otros cinco aviones en Valencia con inmigrantes de Canarias mientras el Gobierno niega los traslados

Unas instrucciones internas ordenan el refuerzo del puesto fronterizo del aeropuerto de Manises ante el aterrizaje de cinco nuevos vuelos este fin de semana

Los inmigrantes detenidos en Valencia llegaron desde Canarias en ocho aviones de Vueling y Ryanair

Imagen tomada este jueves en el aeropuerto valenciano de Manises EFE
Alberto Caparrós

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La Policía Nacional ha habilitado un operativo especial en previsión de la llegada de nuevos inmigrantes irregulares desde Canarias al aeropuerto valenciano de Manises a pesar de que el Gobierno insiste en negar los traslados a la Penísula. En concreto, un documeto remitido con el epígrafe de «Instrucciones Operativas para Apoyo al Aeropuerto de Manises» alerta de la llegada de cinco aviones operados por las compañías Ryanair y Vueling que aterrizarán en Valencia entre este viernes, 11 de diciembre, y el domingo, 13 de diciembre, procedentes de Lanzarote, Tenerife Norte y Gran Canaria.

Las instrucciones policiales para el despliegue policial, a las que ha tenido acceso ABC, indican la necesidad de un refuerzo de la Brigada de Extranjería para brindar apoyo al puesto fronterizo en la «gestión de las llegadas de los vuelos referenciados».

En concreto, el documento insta a los agentes de la Policía Nacional a «comprobar la situación legal» de los pasajeros de los cinco vuelos que han generado la alerta. Para ello, se indican que «deben cerciorarse de que portan documentación y si aparecen grabados en la base Adexxtra como pateristas a los que ya se les ha procedido a un tramitar un acuerdo de expulsión».

Según las instrucciones, «de acuerdo con el resultado de dicha consulta se procederá o no a su detención» , en función de su «situación legal en España». De acuerdo con la circular, los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras tienen que identificar a los pasajeros y entregarles, en su caso, una citación para que acudan cinco días después al Centro de Coordinación de Extranjeros (Cecorex), donde se tramitan los acuerdos de devolución a los países de origen.

Las nuevas órdenes para este fin de semana revelan que las Fuerzas de Seguridad y, en consecuencia del Ministerio del Interior, tienen constancia de la llegada de inmigrantes irregulares a la Penísula procedentes de Canarias. El documento, de hecho, es una «continuación de las instrucciones» remitidas el pasado 4 de diciembre en relación a un oficio de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana sobre el «control a realizar entre extranjeros desde las islas Baleares o Canarias y que, habiendo entrado de manera irregular en España (en patera o cayuco) arriben a los diferentes aeropuertos o puertos de la Comunidad Valenciana».

Al respecto, desde el 5 al 8 de diciembre , la Policía Nacional detectó 313 inmigrantes irregulares en ocho vuelos llegados desde Canarias a Valencia. Dieciséis de ellos fueron detenidos el pasado martes en el aeropuerto de Manises por infringir la Ley de Extranjería . Dos han dado positivo por coronavirus y han sido ingresados en el hospital La Fe de Valencia, mientras que los catorce restantes deberán pasar la cuarentena en la antigua Escuela de Enfermería, aunque oficialmente todos ellos han quedado en situación de libertad este jueves, con un expediente de expulsión abierto, y podrán moverse por España hasta que se produzca su repatriación.

«No tienen ni para comer»

El Gobierno, a pesar del operativo policial , que se reforzará especialmente el sábado y el domingo «en previsión del posible volumen de pasajeros de los vuelos», insiste en que no ha organizado los traslados y sostiene que los inmigrantes se han pagado los billetes de su bolsillo.

Mientras, el portavoz autonómico del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Comunidad Valenciana, Fermín Gimeno, ha pedido explicaciones sobre los traslados de inmigrantes desde Canarias y ha preguntado públicamente quién les ha pagado el billete, puesto que «no tienen ni para comer».

La Generalitat Valenciana, por su parte, no tiene constancia oficial de la llegada de estas personas en situación irregular y no alberga a ninguno de ellos en sus centros de acogida.

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