El Gobierno niega al PP la información sobre los pagos a Plus Ultra

Sin embargo, la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes se ha acogido a la existencia de acciones judiciales en torno al rescate para no facilitar la información . «Existen razones fundadas en derecho», asegura en su respuesta, aplicando los límites al derecho de acceso recogidos en la Ley de Transparencia.

Sin embargo, el derecho de los parlamentarios a recabar información de la Administración Pública supera a la Ley de Transparencia –desarrollada para los ciudadanos– ya que se encuentra recogido en la Constitución.

El artículo 109 de la Carta Magna establece que las Cámaras podrán recabar «la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas», sin imponer límites materiales.

Y el artículo 23 recoge el derecho fundamental de los ciudadanos «a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes». Al negarse a facilitar la información requerida por la senadora popular, el Gobierno podría estar conculcando ambos derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional ha considerado en varias sentencias que «la quiebra de la legalidad parlamentaria conlleva una consecuente vulneración del derecho fundamental a la participación política que reconoce la Constitución».