El Gobierno balear apoya que se hable en catalán hasta con quien no lo entiende

En la actual legislatura autonómica, con el Ejecutivo regional presidido por la socialista Francina Armengol gracias a un acuerdo entre el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Podemos, el término que más se escucha es el de «imposición» del catalán. Más aún tras la presentación la semana pasada de un informe elaborado por el Consell Social de la Llengua Catalana -del que forma parte el Govern- que promueve la implantación del catalán no ya solo en el ámbito público , sino incluso en el privado, lo que deja en mantillas hasta la inmersión lingüística en la propia Cataluña.

Algunos hechos incontrovertibles son que el nuevo tripartito ha devuelto la inmersión lingüística a los colegios de Baleares y que el conocimiento del catalán vuelve a ser un requisito -y ya no sólo un mérito- para poder trabajar en la Administración. Al inicio de esta legislatura, Armengol derogó además el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), proyecto que en el pasado mandato había puesto en marcha el popular José Ramón Bauzá y que en su momento también fue polémico. Y ello, a pesar de que el objetivo del TIL era implantar de manera progresiva un modelo educativo trilingüe, con el inglés como tercera lengua, lo que en principio no debería generar controversia.

Entonces, la aplicación del TIL contó con muchos obstáculos desde el momento mismo de su aprobación, pues una parte significativa del profesorado se opuso de manera radical a ese proyecto. El momento álgido de aquel conflicto educativo se vivió con la huelga de profesores que se desarrolló entre el 16 de septiembre y el 4 de octubre de 2013 en las cuatro islas, que tuvo una gran repercusión mediática en todo el país.

Coincidiendo con esos paros, el 29 de septiembre de 2013 hubo en Palma la manifestación más multitudinaria de toda su historia, en la que más de 80.000 personas pidieron la retirada del TIL. Posteriormente, hubo varios reveses judiciales para el Ejecutivo de Bauzá, con sentencias que cuestionaban el modo en que había sido aprobado y aplicado el TIL en su fase inicial.

En cualquier caso, Bauzá no explicó bien ni quizás gestionó de la manera más adecuada un modelo trilingüe que era una buena iniciativa. Además, se topó con el obstáculo añadido de que en Baleares la mayor parte del profesorado se sitúa, tradicionalmente, en el ámbito nacionalista o de la izquierda.

Como era de prever, el actual tripartito trabaja ahora en un sentido contrario al PP de Bauzá, circunstancia que imposibilita que se pueda llegar a un mínimo consenso con el PP o con Ciudadanos, que se encuentran en la oposición en el Parlamento balear.

En ese contexto, la pasada semana se abrió un nuevo foco de controversia, a raíz de la presentación de un informe elaborado por el Consell Social de la Llengua Catalana, que incluye 136 propuestas de actuación en materia de política lingüística para el periodo 2016-2021. Hay tanto propuestas novedosas como otras que promovió ya en su momento el anterior tripartito, que presidió el socialista Francesc Antich.

En dicho documento se explica qué medidas deberían aplicarse para fomentar o exigir el uso del catalán en el ámbito público y en el privado. Así, se propone, por ejemplo , la aprobación de una ley que supedite la concesión de licencias a «la presencia del catalán» en las empresas que las soliciten. Igualmente, se aboga por otorgar ayudas institucionales a las compañías que fabriquen videojuegos en ese idioma.

El informe también propone campañas publicitarias en las que se aconseje hablar en catalán ante personas que no lo entiendan . Así se recoge en la propuesta número 11, en la que se postula, literalmente, «la difusión, mediante campañas publicitarias, de la idea de que hablar en catalán ante alguien que no lo sabe es un acto solidario y, al mismo tiempo, de autoestima y civismo». Asimismo, se defiende ofrecer bonificaciones a aquellas empresas que contraten a un mayor número de empleados que dominen la lengua catalana.

Forman parte del Consell Social de la Llengua Catalana las principales instituciones de Baleares, incluido el Govern, así como diversas entidades culturales, económicas y sociales, hasta sumar unas sesenta en total. El citado informe fue redactado por la Ponencia de Planificación y sus propuestas no tienen carácter vinculante, pero aun así también es cierto que el documento fue aprobado por unanimidad.

A partir de ahora, habrá que esperar un tiempo para ver cuántas de dichas propuestas se acabarán materializando y en qué medida, o cuáles serán las instituciones o las empresas que las aplicarán.