El Gobierno apuesta por crear un «tercer espacio» en Cataluña y esperará a que acabe el juicio para plasmar una oferta

El entorno del presidente se mostraba ayer optimista, si bien el propio Sánchez es cauteloso al respecto. «Tienen que decidir ellos. Quiero mantener una buena interlocución», aseguró durante la copa de Navidad que el Gobierno central ofrece cada año a los periodistas en el Palacio de la Moncloa. «Si no hay entrevista será por él» , remató. Y se dejó claro que debe tratarse de un encuentro entre los dos mandatarios y no ninguna otra fórmula que pueda dotar de «excepcionalidad» a la relación con la Generalitat. De hecho, el formato que se persigue es el mismo que se siguió en Andalucía tras el Consejo de Ministros celebrado en Sevilla, en el que Sánchez se reunió con Susana Díaz tras la reunión del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno asume ese ejercicio de voluntarismo consciente de que le deja desprotegido un flanco para seguir siendo atacado por la oposición. Y que, además, la cuestión le genera problemas entre algunos presidentes autonómicos socialistas. Pero, por otro lado, el entorno de Sánchez se muestra convencido de mantener el rumbo de su estrategia con los independentistas catalanes de mantener la mano tendida en tanto que la Generalitat no cometa ninguna ilegalidad. Los asesores del presidente están convencidos de que el plan puede favorecer el ensanchamiento de lo que se llama «el tercer espacio». Una operación cuya propiedad intelectual descansa en el PSC y que, hasta ahora, ha fracasado en la urnas. Pero en el Gobierno insisten. «El diálogo es el único camino que puede solucionar el problema de fondo» , reflexionaba ayer un ministro.

La responsabilidad de que no haya reunión se cargará sobre Torra. Tanto en ese caso como si, finalmente, hay reunión, en el Gobierno consideran que saldrían reforzados. El único escenario que alteraría sus esquemas es el de una crisis de seguridad. Aunque es algo que en el Ejecutivo ayer se descartaba por la «buena colaboración» que dicen haber percibido de los Mossos d’Esquadra.

El Gobierno ha reservado para esta cita el anuncio de la subida a los 900 euros del salario mínimo. Además, se apunta a alguna medida «de carácter simbólico» relacionado con Cataluña. Pero se descarta que pueda ser el momento y el lugar para que Sánchez ejemplifique su «oferta para Cataluña». El presidente considera que antes del juicio del procés en el Tribunal Supremo no es adecuado plantear ningún tipo de oferta.

En este sentido, el independentismo vive uno de sus momentos decisivos, sobre todo, por lo que pueda suceder el viernes. No hay unidad de acción política, ni unidad de acción callejera. Una clara muestra de la división interna incisiva –que capean los líderes secesionistas desde hace meses– se puso de manifesto ayer mismo.

Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), diputado autonómico de JpC y en prisión preventiva, presionó a Torra, en una carta enviada a Catalunya Ràdio, para que el presidente de la Generalitat cree «las condiciones» que sean necesarias para que, finalmente, se lleve a cabo la reunión con el Gobierno. Una cita que, en opinión de Sànchez, no es incompatible con una «gran movilización pacífica y no violenta» para el 21-D, mientras se reúne el Consejo de Ministros en Barcelona. « El diálogo nunca puede ser considerado como una expresión de debilidad , como una pérdida de tiempo y menos aún como una traición a no se sabe exactamente qué principios y lealtades. (...) Animo al presidente Torra, al vicepresidente Aragonès y a la consejera Artadi a crear las condiciones para facilitar una reunión con la delegación del Gobierno español el próximo jueves 20 o viernes 21», señaló Sànchez.

La carta de Sànchez, sin embargo, fue matizada por el portavoz adjunto de JpC, Eduard Pujol, que rechazó un encuentro Sánchez-Torra como si fuera «una reunión protocolaria para hacer una foto» , y exigió que, si se lleva a cabo, se traten los temas de la autodeterminación para Cataluña y la celebración de un referéndum.

Por otro lado, Cs pidió este lunes a Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán, y Miquel Buch, consejero de Interior, que garanticen la seguridad de los diputados y trabajadores que este viernes acudan a la Cámara autonómica a trabajar. Es su «responsabilidad», añadió Carlos Carrizosa (Cs).