El Gobierno acepta ser equiparado a Turquía para impulsar los indultos

En la resolución de Cilevics, con título ‘¿Deberían ser procesados los políticos por declaraciones hechas en el ejercicio de sus mandatos?’, el Consejo de Europa analiza, sobre todo, el caso de Turquía y algunas persecuciones del Gobierno que lidera Erdogan contra políticos de la oposición. Sin embargo, dedica un apartado –5 folios de los 28– al caso español en lo que respecta al juicio del 1-O y las posteriores condenas, acaecidas ya con el Gobierno de Sánchez.

El informe, en un giro copernicano, viene a comparar dos casos que nada tienen que ver – Turquía y España – para avalar la tesis de que hay cosas que deben reformarse también en el escenario español . Curiosamente, aquellas que le vienen como anillo al dedo al presidente Sánchez para abogar –ahora sí– por la concesión de las doce medidas de gracia a los presos independentistas de ERC y Junts, cuyos apoyos en el Congreso de los Diputados fueron indispensables para su investidura como presidente.

¿Por qué mezcla el caso turco y español? «Pues porque de este modo muchos parlamentarios de la Asamblea del Consejo de Europa, incluidos los socialistas o populares de países nada contentos con la Turquía de Erdogan (Grecia, Francia...) votarán a favor de la resolución que siempre será una mera recomendación», explica una fuente política conocedora del proceso de redacción del informe Cilevics.

La resolución, en su página cuarta, invita a las autoridades españolas a «reformar las disposiciones penales sobre rebelión y sedición de tal manera que no puedan ser interpretadas para desvirtuar la despenalización de la organización de un referéndum ilegal, previsto por la legislatura cuando abolió este delito específico en 2005, o conducir a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas».

Además, invita a considerar indultar o liberar de prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en el 1-O; a eliminar los enjuiciamientos restantes también de los funcionarios de menor rango involucrados; abstenerse de exigir a los políticos catalanes detenidos que repudien sus opiniones profundamente arraigadas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o una posibilidad de indulto; y entablar un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas de Cataluña, incluidas los que se oponen a la independencia, con el fin de fortalecer la calidad de la democracia española , uno de los los Estados más antiguos de Europa.

El político socialista de Letonia también aprovecha el texto para hacer una recomendación sobre Carles Puigdemont, uno de los prófugos de la justicia española por el 1-O: se invita a «considerar la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición contra políticos que viven en el extranjero que son reclamados por los mismos motivos». Es decir, un ‘aquí no pasó nada’ en toda regla que no tiene antecedentes en la historia judicial española reciente y que el presidente Sánchez estaría dispuesto a aceptar.

Eso sí, en un momento de magnanimidad para con las autoridades españolas, el político letón recomienda que se exija a esos doce políticos independentistas catalanes a que «se comprometan a perseguir sus objetivos políticos sin recurrir a medidas ilegales».

El informe, que no ha sido objeto de enmiendas por parte de los socialistas españoles, será remitido a la Comisión de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, institución creada en 1949, con sede en Estrasburgo (Francia) y que está compuesta por 47 estados europeos, entre ellos Rusia o Azerbaiyán.

El letón Cilevics, en su primer párrafo referente a España, tira de datos proporcionados por Omnium Cultural, asociación que preside el condenado Jordi Cuixart, para advertir de que «más de 2.500 personas han sido ‘represaliadas’ de alguna forma, en relación con el referéndum de 2017». De ese modo vago se refleja... «de alguna forma».

«Los cargos [contra los doce condenados], así como las sentencias dictadas contra quienes habían permanecido en España, son considerados por muchos comentaristas como manifiestamente desproporcionados. Esta fue también la opinión de los expertos en la audiencia ante el Comité en su reunión en Berlín del 14 al 15 de noviembre de 2019 y de varios interlocutores durante mis reuniones con las autoridades españolas con motivo de mi visita de investigación del 3 al 6 de febrero de 2020», indica el representante de Letonia.

Efectivamente, Cilevics visitó nuestro país esos días. Entre las situaciones surrealistas que ofreció se encuentra su cara a cara con fiscales del Tribunal Supremo, que terminaron por recrimiar al político socialista letón que ni siquiera se había leído la sentencia del juicio del ‘procés’.