La Generalitat multiplicó por seis los pagos en un año a su agencia de lobby en EE.UU.

Sin duda estos argumentos convencieron al Diplocat, la agencia paradiplomática catalana, a la que sobraban recursos -millones, a tenor del gasto final- para este tipo de proyectos. El contrato inicial se firmó el 17 de septiembre de 2013 entre el fundador y director de Independent Diplomat, Carne Ross, y el entonces delegado de la Generalitat en Estados Unidos, Andrew Davis, para «establecer contactos relevantes en el mundo político, económico, social, institucional y mediático de EE.UU.». Algo debió hacer muy bien Independent Diplomat porque, en algo más de un año, la Generalitat volvió a contratar sus servicios comprometiéndose a pagarle seis veces más por el mismo contrato.

En medio, concretamente el 9 de noviembre de 2014, la Generalitat había celebrado una consulta sobre el futuro político de Cataluña. Según una declaración obligatoria de Independent Diplomat al Gobierno de EE.UU., a la que ha tenido acceso ABC, en aquellos días este grupo de lobby hizo labores de «diplomacia relacionada con la delegación de Cataluña en EE.UU., incluida la ONU», entre las que figuran reuniones con funcionarios tanto del Departamento de Estado como la comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes del Capitolio.

El director de Independent Diplomat, que había trabajado para el servicio diplomático británico durante 15 años, echó mano de su cartera de contactos para incluir una mención a la independencia de Cataluña en cabeceras de gran prestigio , como The Washington Post. En una entrevista publicada en ese medio el 19 de septiembre de 2014, Ross dijo que en Cataluña se iba a celebrar un referéndum similar al que se acababa de producir en Escocia, que era vinculante.

Ross en realidad avanzaba ya la hoja de ruta a la consulta ilegal de 2017 y advertía de que «la noción de que determinadas razas tienen derechos sobre determinados territorios es muy anticuada » y «causó muchos problemas en Europa en el siglo XX», vinculando de forma implícita la soberanía española sobre todo el territorio del Estado con las atrocidades cometidas por regímenes nacionalistas décadas antes. Todo esto, cobrando del erario público español.

En apenas tres meses, los honorarios de Independent Diplomat pasaron de 7.000 euros al mes (7.800 dólares) a 46.700 también por mes, según los mismos contratos. El 12 de enero de 2015, el entonces secretario general del Diplocat firmó con Independent Diplomat exactamente el mismo acuerdo que en 2013, con la única diferencia de que los honorarios de ese último se multiplicaban por seis. Según reveló ABC, en el informe de fiscalización de acción exterior del Tribunal de Cuentas figura que el precio total de estos servicios fue de 1.392.300 euros.

A partir de la firma del segundo contrato, la naturaleza del trabajo de Independent Diplomat cambió. Ya no figuran más reuniones con funcionarios norteamericanos, se intensifican las del personal de la delegación catalana y finalmente se contrata por 60.000 dólares y un espacio de tres meses a S.G.R.. Esa firma empleada por la paradiplomacia catalana fue citada a testificar en la investigación del fiscal Robert Mueller sobre las injerencias de Rusia en la campaña de 2016 por su colaboración con el general retirado Michael Flynn, condenado por falso testimonio. Preguntado en repetidas ocasiones por este diario, Ross, el director y fundador de Independent Diplomat, se negó a dar detalles y dirigió todas las preguntas al gobierno autonómico catalán, que tampoco ha desmentido la información. La diplomacia paralela de la Generalitat opera con un hermetismo absoluto, pese a representar a un administración pública autonómica en el extranjero.

En la declaración obligatoria de alta como lobista en EE.UU. que en 2013 hizo Independent Diplomat en representación de Cataluña figura además una falsedad . Al registrarse como representante de un grupo extranjero -la delegación de la Generalitat- la empresa asesora afirma que este no está supervisado, dirigido ni financiado por un gobierno o partido político extranjero, cuando en realidad dependía directamente del ejecutivo autonómico de Cataluña. Sólo las misiones diplomáticas están exentas de registrarse como lobby.

Este exorbitante gasto en lobby y asesorías se suma a los pagos corrientes de la delegación catalana en EE.UU., con alquileres tanto en Nueva York como en Washington y sueldos que oscilan entre los 50.000 y los 86.000 euros anuales, más complementos como el de la ‹embajadora›, Victòria Alsina. En 2017, el Gobierno español calculó que la Generalitat invertía más de un millón de euros al año en esa compleja red diplomática en EE.UU. Teniendo en cuenta que lleva operando desde 2008, con los 10 meses de paralización por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el gasto estructural acumulado supera ya los 10 millones de euros .