Garzón vuelve a toparse con un juez en su objetivo de exhumar a Franco

Esta decisión adelantada por el Supremo, que será desarrollada en una sentencia que se conocerá en los próximos días, responde al recurso del exjuez, quien se empeñó en llevar al Alto Tribunal una cuestión sobre la que ya le respondió al Gobierno. Garzón, Ollé y Ranz presentaron una solicitud al Consejo de Ministros del 19 de noviembre de 2015, que fue contestada el 16 de septiembre del 2015.

Fuentes jurídicas explicaron que el Alto Tribunal no puede entrar a valorar sobre el contenido de lo que pide el exjuez Garzón a través del derecho de petición, regulado en el artículo 29.1 de la Constitución. Esto significa que el Supremo no se pronunciará en ningún caso sobre las exhumaciones.

El propósito de la petición del exjuez y los dos abogados es trasladar los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera a otro lugar. La solicitud planteada al Gobierno también pedía la reconversión del Valle de los Caídos en un Espacio de Memoria y que el Estado pida perdón a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. La petición coincidió con el 40 aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, inhumado desde entonces en el Valle de los Caídos junto al fundador de Falange.

El recurso que plantearon después en el Alto Tribunal también solicitaba la anulación de los decretos que crearon la Basílica y la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

El texto argumentaba que « contradicen la letra y el espíritu de la Constitución y la Ley de Memoria Histórica, por la que se reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura». Con el mismo contexto, Garzón llegó a solicitar el certificado de defunción de Franco cuando se declaró competente para investigar «los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo». ABC «facilitó» la labor al exmagistrado y publicó el certificado, que consta en el folio 151 del tomo 4.649 del Registro Civil de Fuencarral (Madrid), un documento que ya adelantó el diario el 22 de noviembre de 1975.

A pesar de que el debate se centra en una cuestión formal, dado que el Supremo no pueda abordar el fondo, los juristas anunciaron ayer que volverán a intentarlo y recurrirán ante el Tribunal Constitucional. «España no puede seguir ignorando a las más de 114.000 víctimas del franquismo» añadieron. Y también que, si hace falta, llegarán a los tribunales europeos.