Fiscal y defensa piden anular el proceso contra el juez Garzón

La defensa de Garzón solicitó de forma complementaria que se declare la nulidad de todo lo actuado y que se acuerde el archivo de la causa por la actuación irregular del instructor Varela, quien tomó partido , perdió su imparcialidad y asumió el papel de acusador. La representación del acusado subrayó en este sentido el auto dictado el 20 de abril de 2010, en el que Varela pidió a Manos Limpias y a Falange Española de las JONS que presentasen nuevos escritos de acusación ante los errores que habían cometido. El abogado Martínez Fresneda señaló que Manos Limpias y la Falange habían presentado unos escritos de acusación que no eran válidos porque no cumplían las mínimas exigencias legales.

La Fiscalía ha respaldado la tesis de la defensa del juez y ha pedido también que se le aplique la misma "doctrina Botín" y, en consecuencia, la suspensión del juicio. El fiscal del Supremo Luis Navajas ha hecho esta petición y ha arremetido contra el magistrado Luciano Varela por su actuación "insólita e insostenible". La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento de la causa abierta a Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo: "No he visto nada igual en 36 años de carrera", ha afirmado el fiscal Luis Navajas en referencia a la providencia en la que, en abril de 2010, Varela dio una "segunda oportunidad" al sindicato ultraderechista Manos Limpias para que subsanara los defectos advertidos en su escrito de acusación, orientándole además sobre cómo hacerlo.

Según el fiscal, el magistrado instructor "devolvió el toro a los toriles porque el morlaco (...) no estaba bien presentado para torearse en una plaza de primera", y lo hizo pese a que la ley no se lo permite, ya que sus competencias "no son tan generosas como las de un presidente de plaza".

La providencia, ha añadido Navajas, "transmuta un escrito de acusación que por sí mismo no se salvaba , y el juez colabora y coadyuva a reconstruir lo absolutamente irreconstruible".

Aunque la decisión del instructor fue inmediatamente recurrida por Garzón, la sala de lo penal avaló a Varela, según el fiscal "con cierto sarcasmo", ya que su argumento fue que las correcciones iban en beneficio del derecho de defensa. "La única resolución que no hubiese lesionado los intereses del imputado era la exclusión de la acusación y la extinción de la causa", ha sostenido Navajas.

El representante de la Fiscalía ha explicado que fue ese aval dado a Varela por la sala lo que decidió al Ministerio Público a respaldar la recusación planteada por Garzón contra los magistrados que firmaron ese auto. Se trataba, ha añadido, de apartarlos del juicio "para evitar el bochornoso espectáculo para el Supremo de que un tribunal internacional de derechos humanos dijera luego que se habían vulnerado los derechos del acusado". "Gracias a Dios, la sala del 61 (que aceptó las recusaciones) nos respaldó", ha concluido Navajas.

El abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante , esgrimió la conocida como "doctrina Atutxa". En la "doctrina Botín", el Supremo determinó que un procedimiento no puede seguir adelante sólo con la acusación popular, cuando ni el fiscal ni el perjudicado directo ejercen ese derecho. En el caso de Atutxa, el Supremo estableció que sí basta con la acusación popular para llevar a juicio a personas acusadas de delitos en los que no puede existir un perjudicado directo, como es el caso del delito de prevaricación. La "doctrina Atutxa" permitió a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo juzgar y condenar a un año y medio de inhabilitación al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa . El dirigente del PNV fue condenado en abril de 2008 por un delito de desobediencia por no haber disuelto el grupo parlamentario que Batasuna tenía en la Cámara de Vitoria en una causa en la que la Fiscalía no ejerció la acusación. En contra de este criterio, el propio Tribunal Supremo decidió a absolver al presidente del Santander. El fiscal Navajas ha afirmado hoy que el criterio de la "doctrina Atutxa" es poco razonable y recordó que está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional y que alguno de los magistrados que componen el tribunal estuvieron en desacuerdo con ella.