Frenazo al desarrollo de la ley de Dependencia en los Presupuestos

En el proyecto de ley de los Presupuestos se establece que durante 2009 el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público será, como máximo, igual al 30 por ciento de la tasa de reposición de efectivos. Lo que quiere decir que sólo se cubrirán, con carácter general, tres de cada diez vacantes que se produzcan por baja. Pero siempre hay excepciones.

El año pasado, la tasa de reposición era del 100 por 100, pero la ley de dependencia se consideró prioritaria y se incluyó entre las excepciones, para que se pudieran crear las plazas que se consideraran necesarias. Para el próximo ejercicio, la excepcionalidad de la ley de dependencia ha desaparecido del articulado de los Presupuestos, pese a que la norma sigue sin despegar y desarrollarse, y los puestos de trabajo están todavía por crear. Los ayuntamientos y las comunidades tendrán que someterse a esa tasa de reposición del 30 por ciento, lo que limitará la aplicación real de la ley y supondrá, de hecho, un frenazo.

Se salvan de esa tasa la Administración de Justicia, las administraciones públicas que tengan competencia en educación, sanidad y políticas activas de empleo, así como Instituciones Penitenciarias. Además, las Fuerzas Armadas tendrán una tasa de reposición del 65 por ciento para oficiales y suboficiales.

En los Presupuestos de 2008, la ley de dependencia sí merecía una mención específica como excepción prioritaria.

Que la ley de dependencia hace aguas es algo que se veía venir. Asociaciones de mayores y de personas con discapacidad y partidos políticos siempre han dudado de que el Estado pudiera mantener la sostenibilidad financiera necesaria para desarrollar los servicios y prestaciones económicas que precisan las personas que no pueden valerse por sí mismas y que están recogidos en la ley. Entre ellos, compensaciones económicas para cuidadores familiares, plazas residenciales, centros de día y ayuda a domicilio.

Se han ido 6.000 millones

La propia ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera, reconoció este verano que la actual crisis económica podía tener «alguna influencia en el despliegue de la ley». Incluso ayer mismo, durante la comparecencia de la Secretaria de Estado de Política Social, Amparo Valcarce, en el Congreso de los Diputados para explicar los presupuestos de su departamento para 2009, CiU y PP se quejaron de la «muy insuficiente» dotación (1.158 millones de euros) con la que cuenta esta norma para el próximo año. Su propio Grupo socialista le reprochó que «no son los presupuestos que deseamos». Según dijo la diputada popular Lourdes Méndez la devolución de 400 euros a los ciudadanos de su declaración de renta cuesta 6.000 millones de euros a las arcas públicas, «dinero con el que se podría haber financiado» la ley de dependencia durante cuatro años.

Las comunidades son las que realmente están soportando todo el peso. De hecho, la primera en plantearse suspender el desarrollo de la ley ha sido Cataluña, que ha reconocido su falta de recursos para atender a los dependientes. Y es que todo puede empeorar el próximo año, pues en 2009 la ley tiene que ampliarse a más beneficiarios ya que toca el turno de que los dependientes severos (grado II) reciban las ayudas.

Cataluña ha sido la primera pero otras muchas comunidades, tanto socialistas como populares, ya plantearon al Gobierno -en el último Consejo Territorial de la Dependencia celebrado en julio- sus dudas de que el sistema de atención a los dependientes resultase viable si no había una financiación suficiente. Algunas autonomías incluso explicaron sus problemas. Por ejemplo, Aragón se estaba encontrando más dependientes de los previstos.

Pero además, la ley tiene flecos pendientes por desarrollar. Asuntos de vital importancia para los usuarios, como es conocer el porcentaje que pagará cada dependiente para costear el servicio que precise. Y los criterios de calidad que se utilizarán para acreditar a los centros y entidades que se dedican a cuidar de este colectivo.