La Fiscalía estudiará investigar a Camps pasado su testimonio por la financiación ilegal del PP valenciano

El mayor alto cargo acusado en la vista oral – Ricardo Costa , el antiguo secretario general del PP de Valencia, el número dos de Camps– reconoció sin tapujos el esquema ilegal de financiación , los pagos en negro, y señaló al expresidente como responsable. «Las decisiones las tomaba Camps», denunció Costa, quien se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión.

En una sesión previa había «abierto fuego» Álvaro Pérez, conocido como el «Bigotes» , el encargado de la trama Gürtel en Valencia. El Bigotes explicó que su interlocutor era Costa, pero acusó a Camps de ser el hombre que ordenó el método fraudulento. Pablo Crespo , el número dos de la trama, insinuó que otra persona concretaba el esquema ilegal que Costa les impuso.

Según estos acusados, el expresidente de la Comunidad Valenciana entre 2003 y 2011 obligó a la trama Gürtel a cobrar los servicios electorales que prestó al PP de Valencia a través de los pagos en negro de diversos empresarios. Nueve de ellos –que tenían prohibido donar al PP por ser contratistas de la administración pública– han reconocido los abonos en B, enmascarados en facturas falsas. Esta estratagema permitió al PP valenciano esquivar el tope legal de gasto electoral y destinar más recursos de los permitidos a las campañas de las autonómicas y municipales de 2007 y de las generales de 2008. El juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia resolverá si el PP de Valencia se saltó la ley.

Camps, contra quien la Fiscalía podría deducir testimonio para abrir una nueva pieza contra él, ha negado haber ordenado este método fraudulento. «Nunca hablé con ningún empresario para pedirle nada», se defendió ayer en una entrevista en el programa de radio «Herrera en Cope». El expresidente valenciano denuncia que durante «una instrucción de cuatro años en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia » nadie la acusó de nada, y resta valor a los detalles aportados por Costa, que califica de «abstractos».

El Ministerio Público pretende esperar al cierre del juicio oral, una de las piezas del caso Gürtel , para poder analizar «la trascendencia» de las declaraciones de los acusados y valorar «en conjunto» las pruebas practicadas en la vista oral, según han informado fuentes de la Fiscalía General del Estado. Camps –cuya situación podría dar un giro radical– declarará en la vista oral como testigo el próximo 7 de marzo, obligado bajo juramento a decir la verdad para no delinquir.

Los delitos electorales en juego han prescrito en el caso de Camps, pues han transcurrido más de diez años de los hechos sin que sea imputado por ello. Otro desenlace podría provocar si la Fiscalía da credibilidad al relato de los acusados y aprecia otros, como el cohecho, que podrían seguir vigentes. Otro de los señalados por los acusados también testificará en la vista el 7 de marzo: Juan Cotino, el expresidente de Les Corts valencianas, del PP, a quien sitúan como el enlace con los empresarios que pagaron en negro. De un caso pueden brotar otros casos.