La Gürtel cierra el círculo: políticos, empresarios y la trama confiesan la financiación ilegal del PP valenciano

Con este paso, todos los vértices de la corrupción –los políticos corruptos, los empresarios contratistas de la administración pública que abonaron el dinero, y los líderes del entramado ilegal, los corruptores– han reconocido los hechos en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano, una confesión coral inédita en la justicia española. La cuadratura del círculo se alcanzaría si se desvelara qué recibieron a cambio los empresarios, una cuestión que sobrevuela el juicio oral, sin que ninguna parte la afronte.

En una declaración de dos horas y diez minutos, el antiguo secretario general del PP de la Comunidad Valenciana apuntó directamente a Camps, su antiguo jefe, a quien describió como una persona «especial», y a Juan Cotino , el expresidente de Les Corts, el parlamento valenciano. Costa evitó acusar a la cúpula del PP nacional, aunque aseguró que informó a Luis Bárcenas, entonces gerente del partido, de las fechorías valencianas. Génova, por tanto, lo sabía, según Costa.

Ahí colocó un cortafuegos. El acusado reveló que mantuvo una reunión con Bárcenas en la sede nacional, y que éste le advirtió de que esta práctica no era legal. «Eso es una práctica prohibida por el partido nacional y sería un Filesa II», le dijo Bárcenas, en alusión a la corrupción del PSOE.

«Francisco Camps y Juan Cotino le encargaron en 2006 al entonces vicepresidente de la Generalitat valenciana, Víctor Campos, las relaciones con los empresarios que favorecían al partido», desveló ayer Costa, que aprovechó para pedir perdón «a la sociedad española y valenciana» y a su familia.

El acusado –ahora experto en asesorar a empresas en cómo prevenir la comisión de delitos en su interior– reconoció que sus palabras llegan tarde, puesto que no denunció los hechos durante sus años «de servicio público».

«Es cierto que el PP se financiaba con dinero negro», manifestó en el inicio de su declaración, en la que abrió el telón anunciando que desvelaría «con todo detalle» el sistema de financiación ilegal del PP valenciano en las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y de las generales de 2008.

El juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia resolverá, tras el debate de los argumentos y la práctica de las pruebas, si se cometieron los delitos en juego: electorales, falsedad documental y delitos contra Hacienda. Es decir, si el PPCV se financió ilegalmente. En las primeras sesiones de la vista oral, nueve empresarios confesaron pagos en negro al partido por importe de 1,2 millones de euros, con los que sufragaron los trabajos electorales prestados al partido por la Gürtel, a través de la empresa Orange Market. Ellos precipitaron «la mascletá».

Después, los líderes de la red –Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, conocido como el «Bigotes» – reconocieron la financiación ilegal pero atribuyeron la iniciativa del método al PP. El Bigotes, el hombre de la trama en Valencia, señaló a Camps, lo que corroboró Costa, para quien la Fiscalía pide siete años y nueve meses de prisión.

«Las decisiones las tomaba Camps», aseguró sobre el supuesto esquema ilegal. Según Costa, fue la propia Gürtel quien contactó con él, sin que ningún órgano del PP valenciano aprobase que las empresas de Francisco Correa se encargasen de estos servicios. «No me extrañó pero no era el procedimiento establecido en los estatutos», admitió el ex secretario general del PPCV.

Costa matizó las confesiones de los líderes de la trama y añadió nuevos detalles, ahondando en el carácter revelador de esta vista oral, en la que trece de diecinueve acusados han aceptado los hechos y han destapado lo que sucedía en el PP de Camps, que gobernó como un rodillo en la Comunidad Valenciana, entre 2003 y 2011.

«Se hacían entregas de dinero negro en efectivo de empresarios y se ingresaban en la sucursal del Santander en Valencia con un límite de 3.000 euros», relató Costa. En la campaña de las autonómicas de 2007, por ejemplo, él mismo entregó el dinero en mano a Crespo. «Le entrego personalmente todas las cantidades en la sede del PP, contadas y chequeadas, no queríamos que nadie sospechara que alguien de la sede cogía un solo euro del dinero de los empresarios para financiar al partido», manifestó ayer. Con estos pagos en negro se financiaron numerosos actos electorales, ya que Camps tenía «compulsividad para organizarlos», narró Costa. Ese dinero negro también sufragó algunos cargos de los mitines en la plaza de toros de Valencia en los que participó Mariano Rajoy en las campañas de 2007 y 2008, según Costa, quien manfiestó su deseo de colaborar desde ahora con la justicia. En concreto, de esos actos en la plaza de toros, se abonaron en B los fuegos artificiales y los demás complementos que encargó Camps, dijo.

El que fuera número dos del PP valenciano extendió la mancha de la financiación ilegal a actos en los que participaron antiguos espadas de la formación regional, como Alberto Fabra, Sonia Castedo o Adela Pedrosa.

El principal señalado por Costa, Camps, negó ayer «rotundamente» la financiación ilegal y aseguró que nunca ordenó los pagos en negro. En declaraciones a los periodistas, a las puertas del Consell Jurídic Consultiu, calificó de «dolorosísimo» ver a sus antiguos colaboradores acusados. Con un tono más tenso declaró otro antiguo alto cargo del PPCV, el exvicepresidente de la Generalitat Valenciana Vicente Rambla, que se enfrenta a seis años y medio de cárcel. Él ha sido el primer enjuiciado en esta pieza del caso Gürtel que niega las acusaciones en su contra.

Inspector de Hacienda, Rambla se desvinculó de la gestión económica en la formación regional y, por tanto, de la financiación. Cargó contra Costa, a quien otorgó «todo el peso» del partido en aquella época. «Era el embudo por el que tenía que pasar todo», aseguró sobre Costa, que en ese momento ya había soltado todo su relato y escuchaba, detrás, abstraído.