El ex comisario general de Información Telesforo Rubio declara que no recuerda «nada»

José C., que ocupaba cuando se produjo el "chivatazo" el puesto de comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) del Cuerpo Nacional de Policía, ratificó ante el juez el informe en el que defendía que el 3 de mayo de 2006, el día anterior al "chivatazo", Carlos G. "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión etarra "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre". En la conversación, que se produjo el 4 de mayo de 2006, día del "chivatazo", Elosúa indicaba a su cuñado que una persona que había entrado en su bar sin identificarse le había advertido que le seguían y que sabían que el día anterior había mantenido una reunión en una sidrería de Oiartzun (Guipúzcoa). Según Elosúa, el autor del chivatazo le dijo que la policía era consciente de que iba a entregar "nueve botellas de vino", que los investigadores relacionan con entregas del impuesto revolucionario, que "se las guardara" para "no fastidiar todo el proceso" y que, si cruzaba la frontera, se iba a producir la detención del enlace de ETA, José Antonio Cau Aldanur. José C., que declaró durante más de una hora y media, apuntó que, además de intentar destruir esta prueba, el jefe del equipo conjunto de investigación le aseguró que, si se producían las detenciones, él y sus hombres -tres o cuatro de los cuales se encontraban en las inmediaciones del bar- iban a ser "crucificados". También ha asegurado que Carlos G. y su equipo -y no los miembros de la Brigada Provincial de San Sebastián- controlaron en todo momento tanto la baliza que se había colocado en el coche de Elosúa para registrar sus llamadas como la cámara que grabó los movimientos que se registraron en la puerta del establecimiento, y que registra varios cortes, según fuentes de la defensa del jefe superior de Policía del País Vasco, que se encuentra imputado en la causa junto al ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y un inspector de Alava .

Además, las asociaciones de víctimas del terrorismo que ejercen la acción popular en esta causa han presentado este jueves en el Juzgado Central de Instrucción número 5 sendos escritos para intentar que se practiquen nuevas diligencias en la investigación. Dignidad y Justicia (DyJ) ha registrado este jueves un recurso contra el auto del juez Ruz en el que rechazaba llamar a declarar al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho , para preguntarle por las llamadas que intercambió con dos de los tres imputados antes y después del chivatazo, al considerar que su testimonio "no es determinante" para el esclarecimiento de los hechos. El juez ordenó la identificación de los tres teléfonos, que estaban asignados a la Subsecretaría del Ministerio del Interior, después de constatar que desde la noche anterior a la delación hasta septiembre de 2006 intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y el jefe superior de la Policía en el País Vasco. En la resolución, Ruz ponía de relieve "la irrelevancia del tráfico de llamadas" investigado , que se podía achacar, a su juicio, a la "relación orgánica y funcional" que el secretario de Estado mantenía con sus interlocutores. En su recurso DyJ sostiene la necesidad de investigar el contenido de las llamadas porque se produjeron antes y después del chivatazo y se pregunta por qué Camacho utilizó "un teléfono de seguridad" si las conversaciones no resultaron relevantes. De igual modo, la asociación se pregunta si estas llamadas se repitieron en junio de 2006, cuando se produjeron las detenciones de las personas relacionadas con el aparato de extorsión.