Excargos del Govern intentan anular el caso del 1-O con datos falsos

La Generalitat se suma a sembrar las dudas infundadas de que se nombró el juez a dedo

Carles Puigdemont, en el Parlament EFE

08/01/2019
Actualizado 09/01/2019 a las 08:09h.

Cuatro exaltos cargos del Govern de Puigdemont imputados por el 1-O pidieron ayer, usando datos falsos, que se anule la causa judicial en la que están siendo investigados. Consideran que, saltándose la normativa, el juez Juan Antonio Ramírez Suñer fue designado «a ... dedo» por su marcado perfil contrario a la independencia. El vicepresidente de la Generalitat , Pere Aragonès , se apresuró a sumarse a la tesis en declaraciones a Rac1: «Sospechamos que se articuló todo un sistema para que fuera a parar a un juzgado determinado para hacer la instrucción en una línea determinada». Sin embargo nada de esto es cierto, y tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como la juez decana de Barcelona, Mercè Caso lo desmienten.

El abogado de estos cuatro exaltos cargos -todos vinculados a ERC- presentó ayer un escrito ante el mismo Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona -que tras la muerte de Ramírez Suñer dirige Alejandra Gil Lima- en el que pide anular la causa. Considera que se habían saltado las normas de la reparto de los juzgados de la capital catalana con el fin de elegir un juez con un determinado «sesgo ideológico». Según él, la normativa impedía adjudicar diligencias sin detenidos a un juez que hubiera entrado o salido de guardia en las 72 horas previas. Argumentaba el abogado de los exaltos cargos que el que entonces era titular del Juzgado de Instrucción 13 estuvo de guardia el 28 de enero de 2017, un día después de que se presentase la denuncia contra el exsenador de ERC Santi Vidal que acabaría siendo el origen de la macrocausa judicial por los operativos del 1-O. Concluían que había habido una «vulneración flagrante» para adjudicar el caso a dedo.

Pero el abogado manejó datos que no son ciertos. Es verdad que esa regla de las 72 horas la recogían unas normas de reparto anteriores, pero que ya desde 2010 no estaban vigentes, según ha podido constatar ABC. Fuentes del TSJC explicaron a este diario que la regla de 72 horas tenía un problema: permitía esquivar a un juez que no se considerara idóneo simplemente presentándole a él la denuncia para que las diligencias no le recayeran. La reforma vigente desde 2010 -y por tanto también en 2017, cuando se presentó la denuncia contra Vidal- lo subsana, estableciéndose un sorteo aleatorio y automático a través del sistema informático no manipulable, con el que la causa puede acabar en la mesa de cualquiera de los 33 juzgados de instrucción de Barcelona. «En todo caso, si hubiera alguien que podría manipular los datos sería la Generalitat», añaden las mismas fuentes. Y es que tiene las competencias en la administración de los medios.

Por error o mala fe, lo cierto es que la defensa usó datos falsos para tratar de anular la causa. Y el Govern, también por ignorancia o como otro burdo intento de manipulación, se ha apresurado a hacer suya esta falsedad.