España repatrió a 153 migrantes a sus países de origen desde Canarias en los dos primeros meses de 2021

El diputado 'popular' Carlos Rojas ha cuestionado al Ejecutivo sobre este tema tras la comparecencia en el Senado, el pasado 23 de febrero, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que este aseguró que sólo se traslada a la Península a migrantes que pertenecen a grupos vulnerables.

Rojas ha preguntado sobre quién decide y cómo qué personas pertenecen a estos grupos vulnerables, así como el número de los traslados realizados en este año y su coste.

En su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno respalda las declaraciones de Grande-Marlaska, señalando que Interior «no organiza, ni gestiona, ni financia traslados de migrantes desde Canarias hacia la Península », aunque sí «ha dado autorización» a algunos casos «esporádicos y muy limitados» por ser «personas vulnerables o susceptibles de ser acreedoras de protección internacional».

Estos colectivos vulnerables, indica la Moncloa, se establecen según la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, en la que se identifican a estos colectivos.

En este sentido, señala que las peticiones de asilo y de protección internacional formuladas en lo que va de año (a fecha de 9 de abril) son 988, de las cuales se han resuelto unas 400 de forma favorable . De ellas, se han concedido 16 (8 mujeres y 8 hombres) protecciones de asilo; 82 (todas mujeres) protecciones subsidiarias; y 302 (124 hombres y 178 mujeres) protecciones por motivos humanitarios.

Del mismo modo, el Ejecutivo ha explicado que, en los dos primeros meses del año, se ha repatriado a 153 personas migrantes, desde Canarias a sus países de origen por diferentes vías.

El grupo parlamentario Vox ha preguntado, en este sentido, al Gobierno sobre los acuerdos aprobados en el Consejo de Ministros del pasado 9 de febrero, por los que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los viajes de retorno vía marítima de ciudadanos que han llegado de manera irregular a España y a las costas del país.

El equipo de Pedro Sánchez ha explicado que para los retornos por vía marítima se utiliza a la empresa Transmediterránea y que sus costes se estiman en unos 200.000 euros; mientras que los que se realizan por vía aérea se realizan a través de Air Moroco y tendrán un coste aproximado de 700.000 euros . Este dinero está a cargo de los presupuestos del Ministerio del Interior, explica.

Los de Santiago Abascal también se han interesado por cómo identifican las autoridades a los migrantes que están circulando libremente por España y que deben ser retornados o lo que se quedaron en el país durante la pandemia sin posibilidad de ser repatriados.

En este sentido, el Gobierno ha explicado que aquellos extranjeros incursos en un expediente sancionador con propuesta de expulsión o sobre los que ya exista una orden de expulsión, tienen unas medidas cautelares para su localización. Así, deben presentarse de forma periódica ante las autoridades; deben tener su residencia obligatoria en determinado lugar; o se les retira el pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad.

Del mismo modo, se puede determinar la detención cautelar de dicha perona o determinar su internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).