Merkel, durante un encuentro económico en Munich el pasado febrero
Merkel, durante un encuentro económico en Munich el pasado febrero - DPA

España desarrolla un sistema para neutralizar drones al servicio del terrorismo, el crimen y el espionaje

El «Dronecaptor» está llamado a proteger infraestructruras, instituciones, masas o el tráfico aéreo

MadridActualizado:

La colisión de un dron hace dos semanas contra un avión que estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto londinense de Heathrow es el último incidente conocido que ha disparado la alarma sobre la amenaza para la seguridad que puede entrañar el uso malintencionado o negligente de aeronaves no tripuladas. En julio del pasado año, uno de esos aparatos ya tuvo que ser neutralizado mediante un inhibidor de frecuencias cuando sobrevolaba el Palacio de la Zarzuela justo por encima de la residencia de la Familia Real.

Ambos son ejemplos de un nuevo escenario de riesgo sin fronteras que no ha hecho más que empezar, y frente al que las autoridades españolas han recurrido a una herramienta también sin fronteras: la innovación tecnológica, a partir de la cual ya se está desarrollando un sistema anti-dron bajo la denominación de «Dronecaptor». El proyecto pertenece a un consorcio europeo del que forma parte el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas dependiente del Ministerio del Interior, cofinanciador de esta iniciativa junto con los fondos Feder. En él están trabajando hace meses empresas de investigación españolas especializadas en I+D+i en colaboración con organismos como la Policía Nacional y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.

El objetivo general es la creación de un «Sistema para la detección y neutralización de amenazas con drones». Funcionará como un escudo y consiste en la fabricación de un prototipo cuyo núcleo estará basado en inteligencia artificial capaz de percibir las amenazas, determinar su peligrosidad, plantear un plan de actuación y, finalmente, tomar medidas para interceptar el artefacto, en principio sin destruirlo. Gracias a él, los altos responsables de la seguridad podrán tomar decisiones adecuadas y eficaces para abordar todo tipo de situaciones comprometidas.

Crimen y espionaje

En el vértice del impulso a este proyecto en España se encuentra la Secretaría de Estado de Seguridad como líder Grupo de Trabajo que, desde hace un año, se ocupa de diseñar la hoja de ruta normativa y operacional necesaria para dar respuestas a la problemática asociada a la recién estrenada era de los drones. En el grupo se integra un nutrido grupo de expertos independientes, así como del Ministerio de Defensa, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea o instituciones como la Casa Real.

Y es que la facilidad de acceso a estos aparatos y su versatilidad pueden convertirlos sin dificultad en potenciales armas, susceptibles de caer en manos de cualquiera. La hipótesis de que puedan ser utilizados para cometer un atentado selectivo o sobre una multitud acoplándoles explosivos o material NBQ (nuclear-bacteriológico-químico) no es ciencia ficción. En abril de 2015 se detectó un dron sobre la casa del primer ministro de Japón con tierra radioactiva de Fukushima. Pero al margen del terrorismo, los ingenios voladores también pueden ponerse al servicio del crimen organizado, facilitando, por ejemplo, el tráfico de drogas y de armamento, o directamente como herramienta de espionaje, dada su virtualidad para grabar imágenes, sonido o señales.

El enfoque final de todo el trabajo que se está ejecutando es la protección, pero no solo de lo que sería más evidente –infraestructuras críticas, edificios oficiales, personalidades...–, sino también de ciudadanos en general, expuesto s a ser blanco de amenazas sobre todo en grandes eventos, concentraciones o, sin ir más lejos, en un centro comercial.

Ley y reglamentos

El programa «Dronecaptor» contempla blindar objetivos tanto fijos como móviles –no hay que perder de vista la seguridad aérea– y estará dotado de «escabilidad», esto es, de flexibilidad para ir adaptándose a las amenazas que vayan surgiendo.

La Secretaría de Estado de Seguridad también está trabajando con los servicios policiales de otros países europeos para explorar la posibilidad de crear un consorcio internacional de centros académicos, de investigación y empresas que armonice la gestión de la amenaza en el territorio de la UE.

Desde ese mismo departamento se ha llamado la atención sobre la necesidad de que, con igual nivel de prioridad, España proceda al desarrollo reglamentario de la normativa que regula el uso de los drones en España, de modo que se proporcione seguridad jurídica a las administraciones, también las empresas, y los propios ciudadanos. El actual limbo legal no contribuye a la seguridad.