Pascual Sala: «Un referéndum para separarse, para la autodeterminación, sería inconstitucional»
El presidente del Tribunal Constitucional aborda la actual situación política de Cataluña
Los miembros del Tribunal que preside están, al igual que los del resto de las instituciones, en el punto de mira de los ciudadanos, que en estos tiempos de crisis vigilan de cerca cada uno de los gastos y funciones que cumplen los representantes públicos.
Además de esta cuestión, Pascual Sala , presidente del Tribunal Constitucional y expresidente del Tribunal Supremo, CGPJ y Tribunal de Cuentas, analiza en esta entrevista cuestiones como el «referéndum» planteado en Cataluña , las acusaciones de politización al TC, la escalada de la corrupción o el papel de las víctimas del terrorismo.
-En una situación de crisis a las instituciones les toca dar ejemplo. ¿Cómo lo lleva usted a la práctica?
-Entiendo la preocupación de los ciudadanos por que todas las instituciones estatales manejen su presupuesto con austeridad, y en el Tribunal Constitucional se hace así. Pero hay un aspecto que tenemos que cuidar: las relaciones exteriores. El TC pertenece a las conferencias mundial, europea e iberoamericana de justicia constitucional.
Las relaciones exteriores no son un prurito ni una excusa para visitar muchos países. Yo no voy a bañarme al Caribe cuando, por ejemplo, voy a Puerto Rico porque tengo que ir a la conmemoración del Bicentenario de la Constitución Española de 1812 convocado por el Tribunal Supremo de aquel país. Procuramos atender sobre todo las reuniones importantes, de una manera especial la relación con Iberoamérica, porque si no lo hacemos, España será sustituida por otro país.
Además, los gastos de alojamiento y manutención los paga casi siempre el país anfitrión. Los gastos del presidente en viajes en 2011 ascienden a alrededor de 35.000 euros, es decir, suponen el 0,6 del presupuesto del capítulo al que están asignados.
El gasto es ínfimo comparado con la influencia que el TC tiene en el extranjero. Son relaciones institucionales y en ningún modo los viajes se hacen con propósito de entretenimiento.
-¿Estaría dispuesto a renunciar al coche oficial, un privilegio que critican muchos ciudadanos?
-El coche oficial no es un lujo, pero yo creo que se debe utilizar solo para las relaciones oficiales. Eso no es despilfarro.
-El CIS revela una creciente desconfianza hacia las instituciones. ¿Está justificada?
-Con o sin crisis hay que comportarse con los mayores criterios de austeridad. El dinero público es sagrado porque es de todos los ciudadanos. Respecto al deterioro institucional, una de sus causas es la falta de transparencia.
El TC está abarrotado de trabajo. Es cierto que más del 95 por ciento de los recursos de amparo se inadmiten, pero hasta llegar ahí el Tribunal consume muchas energías. Solo lo que hace el TC en recursos de inconstitucionalidad tiene una importancia política inmediata, porque los legitimados para interponer recursos de inconstitucionalidad son 50 diputados o 50 senadores, entre otros.
Muchas veces el que ha perdido una opción en el Parlamento viene al TC, y esto es lo que trasciende al exterior... Y así solo se informa de si hemos legalizado Sortu o declarado constitucional o no el matrimonio homosexual.
El Tribunal resuelve asuntos de trascendencia política, pero con criterios jurídico-constitucionales. Que un partido concurra o no a unas elecciones no es una decisión que se tome con arreglo a los sentimientos que uno pueda tener, pero el análisis que se hace desde fuera es «el TC ha favorecido», «se ha rendido»....
-Sin embargo, los ciudadanos tampoco entienden que haya enfrentamientos entre el TC y el Supremo ni que haya votaciones que reproducen el arco parlamentario. ..
-En un tribunal colegiado es difícil que haya unanimidad, y más en el TC, con 12 miembros, o en la «Sala del 61» del Tribunal Supremo, con 16. Respecto a la sensibilidad ideológica, los magistrados del Tribunal no son de diferente pasta que el resto de ciudadanos. Lo que pasa es que muchas veces lo que se transmite es dependencia partidaria, y eso en absoluto es real, porque dependencia partidaria no ha habido nunca. La independencia judicial es un problema de honradez personal y los magistrados, en la justicia ordinaria y en la constitucional, son honrados.
Cuando a un magistrado se le llama comisario político es el mayor insulto que se puede proferir contra él. Porque la libertad ideológica está recogida en la Constitución española. ¿Cómo se defiende uno de esas imputaciones? En España el respeto institucional muchas veces está olvidado. La crítica es obligada, necesaria, pero nunca se puede confundir con la descalificación, con el menosprecio institucional y, en ocasiones, con el insulto. La crítica con las vísceras de una resolución fundada no es admisible.
-¿Cómo interpreta la escalada independentista de Cataluña?
-Con arreglo a la Constitución no cabe ningún pronunciamiento de secesión o separación de ninguna parte del territorio español, por una sencilla razón: porque el sujeto constituyente es el pueblo español. Ahora bien, la Constitución se puede modificar. Ese es un proceso político en el que no debo inmiscuirme, pero sí digo que un pronunciamiento de secesión sería inconstitucional.
Otra cosa son aspectos como la financiación de las comunidades autónomas, subyacente en el independentismo. Esta financiación viene recogida en dos preceptos de la Constitución y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que también se puede modificar. Parece, por lo que se trasluce de los medios de comunicación, que el modelo no es perfecto y que puede ser mejorable.
-¿Un referéndum en Cataluña es constitucional?
-El referéndum tiene que ser convocado por el Rey, propuesto por el Gobierno y autorizado por el Estado, y es consultivo y no vinculante. Luego están las consultas populares, que se admiten para las corporaciones locales y comunidades autónomas en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. ¿Sería posible una consulta popular? Sí, pero un referéndum para separarse, para la autodeterminación, sería inconstitucional.
Dicho esto, no se pueden olvidar las señas de identidad de una comunidad como la catalana, que son tan antiguas, e incluso más, que las de cualquier otra parte del territorio nacional, y eso es algo que hay que respetar. Si esto se pudiera satisfacer, creo que se podría llegar a un consenso... Tenemos que volver en España a los consensos que nos habilitaron para recuperar las libertades, al que dio lugar a la Constitución, y este sería un buen momento. Desde el TC sólo puedo manifestar este deseo.
-¿Quiere decir que sería conveniente revisar la Constitución e ir hacia otro modelo de Estado?
-Dar una opinión al respecto sería inmiscuirme en un proceso político. Pero sería conveniente volver a los criterios de consenso que habilitaron la recuperación de libertades con la Constitución y volver a ese momento glorioso y muy olvidado en España.
-¿Cree que en una situación de crisis como la actual los políticos deberían medir sus mensajes, no supeditarlos a criterios electoralistas?
-Debería buscarse el consenso, y eso significaría tener prudencia cuando se hacen declaraciones políticas. Y no señalo a nadie, ni de un color ni de otro.
-¿La sentencia del Estatuto ha podido dar alas a las reivindicaciones nacionalistas?
-Eso es lo que se ha transmitido desde que se hizo pública. La sentencia tuvo un inicio desagradablemente torcido para este Tribunal. El primer año estuvo marcado por una serie de recusaciones, a mi juicio, absurdas, que no debieron prosperar. Eso entorpeció gravemente la actuación del TC. En segundo lugar, se tardó demasiado tiempo y nos enquistamos en determinadas posiciones. En tercer lugar, la sentencia respondía a una impugnación masiva de un Estatuto y eso hizo que fuera muy discutida.
Fue una resolución fundamentalmente interpretativa: hay competencias compartidas que debe coordinar el Estado, pero ¿hasta dónde puede llegar el Estado en la coordinación? Eso es negociable. El Estado se reserva la legislacion básica, y las comunidades autónomas, su desarrollo y ejecución. Pero hasta dónde llega esa legislación básica también es negociable.
La sentencia deja márgenes a la actuación política. Yo no puedo decirles cuáles son esos márgenes porque es fundamentalmente interpretativa. Creo que la sentencia no ha sido exhaustivamente estudiada y que respecto de ella solo se han hecho afirmaciones descalificadoras sin consideración a su fundamentación jurídico-constitucional.
-Por fin el Tribunal Constitucional ha recuperado la normalidad. ¿Cómo se puede resolver el bloqueo en la renovación de las instituciones?
-Esto es algo urgente. La atribución de politización al TC va vinculada a estos procesos de renovación. Tres años de retraso es impresentable e incumple directamente la Constitución. Pido a todos los políticos sensibilidad y prudencia.
-¿Procesos como el de Urdangarín demuestran que la justicia es igual para todos?
-Demuestran que la justicia funciona. Respeto la independencia de los tribunales y creo en ella.
-¿Somos lo suficientemente duros con los delitos de corrupción?
-Es opinable. No obstante, toda medida que tienda a cortar de raíz la corrupción, sin posibilidad acomodaticia por parte de los partidos políticos, debería ser contundente.
-¿Los cargos investigados por corrupción deberían dimitir?
-Si hay una imputación, no se debería poder seguir desempeñando una función pública.
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