EE.UU. denuncia que Podemos y Vox cometen actos de «violencia y acoso» contra los medios de comunicación

Según dice este informe, publicado este 12 de abril, «varias asociaciones de prensa y políticos mantuvieron que los líderes del partido Podemos, el socio menor de la coalición gobernante, acosaron verbalmente a periodistas individuales y a los medios en general. En un discurso de febrero [de 2021] en el Congreso de los Diputados, el entonces vicepresidente segundo y líder del partido Podemos, Pablo Iglesias , acusó a los medios de comunicación de ser un ‹arma del poder corporativo›. En abril, las asociaciones de prensa denunciaron un vídeo de campaña electoral de Podemos, diciendo que utilizaba imágenes de periodistas con ‹fines intimidatorios› y como un ‹ataque al libre ejercicio del periodismo›».

Para las elecciones autonómicas de Madrid del 4 de mayo de 2021, a las que concurrió Iglesias, Podemos publicó un vídeo en el que se apuntaba a diversos periodistas, entre los que estaban Ana Rosa Quintana , Carlos Herrera , Susanna Griso y Vicente Vallés, entre otros. «Ellos ya han hablado mucho. Ahora, que hable la mayoría», decía el mensaje que acompañaba al vídeo.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha participado en la presentación del informe en Washington, y ha destacado la agresión de Rusia a Ucrania y su ataque a los derechos humanos más fundamentales como uno de los desarrollos más preocupantes en la historia reciente. «Desde hace muchos años hemos visto un retroceso de la democracia y la aplicación de la ley, y desafortunadamente ese retroceso se ha acelerado recientemente, y así queda reflejado en este informe», dijo. La agresión rusa no se incluye en este informe como tal porque comenzó ya entrado 2022.

También señala el informe de EE.UU. como problemático que en septiembre los responsables de comunicación de PSOE, Podemos y sus socios pidieran por escrito a la Secretaría General del Congreso de los Diputados que tomara medidas para «restablecer el buen funcionamiento de las ruedas de prensa» ante las «faltas de respeto» de algunos periodistas que hacen «careos ideológicos». Al entender de la diplomacia de EE.UU., pretendían «seleccionar qué preguntas podían hacer los periodistas», algo que las asociaciones de prensa consideran «un obstáculo intolerable para la libertad de prensa».

En general, el informe destaca la solidez del estado de derecho en España y recalca que no hay graves problemas en cuanto a Derechos Humanos. Sí destaca problemas en apartados como la libertad de expresión y de prensa, acusaciones de brutalidad policial y trato indigno a peticionarios de asilo .

El informe norteamericano también recoge las denuncias de Reporteros Sin Fronteras y otros grupos de Derechos Humanos que «expresaron su preocupación porque el partido opositor Vox trató de estigmatizar a periodistas mediante el acoso online y prohibiendo que medios cubrieran sus eventos, en particular sus actos de campaña previos a las elecciones regionales de Madrid el 4 de mayo. Los grupos de Derechos Humanos sostuvieron que la retórica antimediática de los políticos de Vox a veces incitó a la violencia contra los periodistas por parte de sus partidarios, particularmente durante protestas».

El informe fue elaborado durante el primer año de presidencia de Joe Biden . Se publica desde 1977 y en él se analiza la situación de los Derechos Humanos en todo el planeta. Para compilarlo, la división encargada de asuntos relativos a la democracia, los Derechos Humanos y el trabajo del departamento de Estado utiliza informes de las embajadas de EE.UU., gobiernos extranjeros y organizaciones no gubernamentales. Cada año, este detallado análisis se envía al Capitolio para que conste en el registro de las cámaras legislativas y sirva de guía para la aprobación de leyes que afecten a las relaciones exteriores del país.

Sobre la corrupción política española en 2021, el informe de EE.UU. dice que «traspasó las fronteras de partidos, regionales y municipales, y aunque la acumulación de casos fue significativa, los analistas señalaron que los tribunales continuaron procesándolos independientemente de la presión política». Destaca el informe los avances de la justicia en el caso Kitchen, una investigación de la Fiscalía Anticorrupción al ex comisario José Villarejo , al ex número dos de la policía, el también comisario Eugenio Pino , y otros por una supuesta operación de Interior para sustraer información sensible al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas que pudiera perjudicar a altos cargos de este partido político.

Como en años anteriores, el informe recoge las denuncias de los líderes del proceso independentista catalán sobre supuesta persecución política, incluido el encarcelamiento arbitrario. El informe de la diplomacia norteamericana, sin embargo, afirma que «ni el Gobierno ni ninguna ONG internacional de Derechos Humanos apoya la denuncia» de que en España existan «presos políticos».

El informe también recoge denuncias de brutalidad policial y que «los grupos de Derechos Humanos alegaron que las autoridades a veces no investigaban adecuadamente las denuncias de mala conducta o abuso policial». Refiere en concreto a las operaciones de respuesta a los disturbios tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

Recoge el texto también las denuncias de que el Gobierno español se excedió en las limitaciones durante el estado de alarma durante la pandemia de coronavirus. «En julio, un grupo de organizaciones de Derechos Humanos afirmó que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana se aplicó arbitrariamente durante varios estados de alarma ordenados por el Gobierno debido a la pandemia de Covid-19 en 2020 y 2021. Las organizaciones dijeron que la ley se usó repetidamente contra activistas y periodistas para impedir sus derechos».

Destaca de hecho la diplomacia de EE.UU. las denuncias de que el Gobierno español «aplicó restricciones de manera inconsistente y arbitraria durante el estado de alarma y multó de manera desproporcionada a los pobres, inmigrantes en situación irregular y minorías raciales y étnicas por violar las órdenes de confinamiento». El 14 de julio, el Constitucional declaró inconstitucionales varios aspectos del primer estado de alarma el 27 de octubre hizo lo propio con todo el segundo estado de alarma relacionado con la pandemia, en vigor entre noviembre de 2020 y mayo de 2021.