Demanda de 5,3 millones contra Puigdemont, Mas y otros 9 líderes independentistas

La demanda ha sido formalizada este jueves por Sociedad Civil Catalana (SCC) en Madrid, ante el Tribunal de Cuentas (TCu) . Según ha explicado el letrado Juan Chapapría, que representa a SCC en este proceso, esta demanda deriva de la sentencia condenatoria del 'Procés' que dictó la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra los cabecillas del golpe independentista, que después fueron indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez .

Para depurar responsabilidades económicas por los fondos públicos ilegalmente dedicados a ese plan independentista, se sigue desde hace tiempo un procedimiento específico en el Tribunal de Cuentas. Hasta ahora se han tratado de diligencias previas. El año pasado se les impuso a los encausados una fianza de 5,4 millones de euros.

Finalizadas esas diligencias, ahora tocaba sustanciar las demandas . En enero, la Abogacía del Estado decidió retirarse del caso , no ejercer acusación alguna para reclamar responsabilidad económica contra los acusados en el Tribunal de Cuentas. La Generalitat tampoco actúa. Eso ha dejado a Sociedad Civil Catalana como única acusación popular, y este jueves ha formalizado la reclamación con esta demanda por un importe global de 5.309.807 euros. Son los fondos públicos que SCC ha podido confirmar, documentalmente, que los acusados desviaron para financiar el golpe secesionista y su propaganda exterior.

En función de la responsabilidad directa en cada uno de esos gastos, SCC reclama diversas cantidades a cada uno de los encausados. Al expresidente fugado Carles Puigdemont se le reclama que, junto a otros demandados, responda solidariamente un total de 3,303 millones de euros. Es al que más responsabilidad se le imputa. El resto de los encausados son Artur Mas , el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa, Toni Comín, Neus Munté, Jordi Turull, Raúl Romeva, Clara Ponsatí, Lluìs Puig y Francesc Homs .

Tras la demanda que acaba de formalizar Sociedad Civil Catalana, se abre un plazo de nueve días hábiles para dar la oportunidad a que otros se personen en la demanda. Esto da una nueva oportunidad a la Abogacía del Estado para que vuelva a personarse en esta causa, de la que desistió el mes pasado. Cuando finalice este plazo de nueve días, la demanda de SCC se trasladará a la Fiscalía para que, en un plazo máximo de 20 días hábiles, emita su informe al respecto. A continuación, el Tribunal de Cuentas dará traslado a los 11 encausados tanto la demanda de SCC como el informe de la Fiscalía, a fin de que, en un plazo de otros 20 días hábiles, contesten las acusaciones y reclamaciones a las que se enfrentan.

Por tanto, está por ver ahora qué posición adopta la Fiscalía en este proceso. En la prática, tiene una relevancia reforzada, después de que la Abogacía del Estado se haya retirado. Entre otras cosas, la Abogacía podría solicitar medidas económicas cautelares contra los encausados, incluso embargos, si los considerara procedentes para hacer efectivas las fianzas. SCC ha optado por no pedir ese tipo de acciones, a la espera de ver qué hace el Ministerio Público. «Algo tendrá que decir la Fiscalía», afirma el abogado de Sociedad Civil Catalana.