Vox cumple su amenaza y presenta dos recursos contra el estado de alarma

El líder de esta formación política afirmó que «hemos pasado de un estado de excepción encubierto con limitación brutal de libertades y derechos fundamentales a un estado de alarma con pretensiones de perpetuidad que han decidido que eran de seis meses, pero podía durar toda la legislatura».

Abascal señaló que han recurrido al TC para «liberarle de las presiones políticas que algunos desde el Gobierno y desde los partidos que nombran a los jueces del Tribunal Constitucional les están sometiendo». Tmbién han recurrido porque afirman que «estamos solo ante la punta del iceberg de una deriva totalitaria y dictatorial por parte del Gobierno de la nación» que quieren ocupar todas as instituciones democráticas.

El presidente de Vox aseguró que «hemos padecido durante estos meses e tenemos que esto se acentúe aprovechando este estado de alarma perpetuo, de un asalto al poder judicial, a una Fiscalía que se ha convertido en una Fiscalía de partido, a la Corona y ha supuesto el confinamiento de Su Majestad el Rey y hemos visto como se pretende crear un nuevo Ministerio, el de la Verdad para que sea el Gobierno el que diga a periodistas, a comunicadores y a españoles en las redes sociaes qué es verdad y qué es mentira. Hemos visto cómo se han despenalizado los insultos a la Policía a Guardias Civiles, a la Corona, mientras se pretende penalizar las críticas al Gobierno durante esta epidemia convirtiéndolos en delitos de odio para amordazar a la oposición».

Por estas razones, la «deriva totalitaria», según Abascal, recurren al TC para pedir amparo para todos los españoles y para decirle que Vox «está dispuesto a defenderles ante los atropellos al estado de derecho».

Olona justifica este recurso en que, a la excepcionalidad de esta situación «solo podemos hacerle frente dentro de los mecanismos constitucionales y no al margen de los mismos. La lucha contra la pandemia en ningún caso puede suponer una derogación de nuesta democracia, un sacrificio y una degradación de la misma».

Así, señala que los motivos que sustentan los recursos que han interpuestos, que serán públicos y de acceso para todos los ciudadanos, son varios. Primero, que los efectos del estado de alarma se hacen depender de los presidentes de las comunidades autónomas, por lo que el Gobierno, «en clara dejación de sus funciones, lo que ha hecho es crear en España un auténtico estado de desconcierto y de caos». Olona señala que es inconstitucional porque «el Gobierno no puede delegar en los presidentes de las comunidades autónomas la determinación de los efectos del ámbito territorial ni del plazo de medidas adoptadas». Ello genera, a su juicio, una «inseguridad jurídica» y cada presidente podrá decretar el estado de alarma a su «libre albedrío»

Igualmente, otro de los motivos es «porque se prorroga de manera inconstitucional por un plazo de seis meses, acordándose una prórroga doce veces superior a los quince días iniciales, que son los únicos que autoriza la Constitución y la Ley Orgánica 4/81».

También considera inconstitucional el régimen de control «que una mayoría parlamentaria ha puesto a las minorías en el Congreso, permitiendo que el presidente del Gobierno comparezca únicamente cada dos meses en pleno y que el ministro de Sanidad comparezca una vez al mes en la Comisión de Sanidad.

Olona asegura que estas medidas han sido refrendadas «por el rodillo parlamentario de la mayoría y lo que se ha hecho es cercenar el derecho de representación política que todos los españoles tiene a través de sus representantes». En este sentido, afirma que la mayoría parlamentaria «ha silenciado la voz de la minoría».

La dirigente de Vox también ha puesto un recurso de amparo «para denunciar que lo que ha hecho el Congreso es entregar la Cámara al Gobierno y cercenar nuestra posibilidad de ejercer la representación de los españoles y la función de oposición».

Finalmente, señala que «los derechos fundamentales y las libertades públicas que sustenta nuestra denuncia son los derechos reconocidos en la Constitución» y que el toque de queda y el cierre perimetral cercenan el derecho de circulación y de residencia«. El derecho de reunión y manifestación están prohibidos, este última «para soslayar los pronunciamientos judiciales que obtuvimos favorables cuando en el primer estado de alarma nos prohibieron manifestarnos en vehículos y con todas las garantías».

Otros derechos cercenados serían, a juicio de Vox, los de libertad y seguridad , y «no solamente hemos interpuestos recursos y henos pedido la suspensión inmediata del acuerdo del Congreso y de los reales decretos aprobados por el Gobierno. A diferencia del anterior estado de alarma, el Tribunal Constitucional sí va a tener que pronunciarse sobre la petición de suspensión cautelar porque es evidente que nos tienen bajo arresto en un periodo de seis meses y no podemos esperar a que transcurra ese plazo para resolver el alto tribunal».