Crónica del primer año del fugado Puigdemont: de escapar en un maletero a recibir a Ibarretxe

«Hoy hace un año que llegamos a Bélgica para continuar la defensa de la república proclamada y expresarnos libremente y denunciar la vulneración de derechos fundamentales», dijo el político independentista en un mensaje en esa red social junto a la imagen del vasco.

La llegada de Puigdemont a Bélgica se produjo el 30 de octubre de 2017 , aunque en sus redes sociales acababa de publicar una imagen del Palau de la Generalitat que podía llevar a pensar que seguiría trabajando normalmente en la plaza Sant Jaume tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución española para restaurar la legalidad tras la ilegal declaración de independencia.

El día antes de su llegada a Bélgica, el secretario de Estado belga de Migración del país, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, había sugerido que Puigdemont podría solicitar «asilo político» en el país. Esa formación soberanista ha mostrado su apoyo al expresidente desde su llegada.

Empezó con su «aterrizaje» en Bélgica la persecución de los medios, que trataban de conocer su domicilio.

Primero se alojó en un hotel en el barrio europeo y abrumado por la prensa se mudó a Lovaina, donde pasó de un sombrío apartahotel a un piso, aunque los rumores apuntaban entonces a que vivía en un hotel propiedad de la familia del expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart.

Ese hotel fue el cuartel general para su candidatura en las elecciones del pasado 21 de diciembre; allí convocó el primer acto de campaña de Junts per Catalunya, al que acudió el expresidente Artur Mas, y celebró su cena de Fin de Año junto a su mujer y una pareja de amigos.

En febrero se reveló que se había instalado en Waterloo, una localidad situada en las afueras de Bruselas, en un chalet de 550 metros cuadrados, alquilado por 4.400 euros mensuales por el empresario Josep Maria Matamala.

El 31 de octubre de 2017, Puigdemont compareció en una multitudinaria y caótica rueda de prensa donde aclaró que no había viajado a pedir asilo a Bélgica y empezó a hablar de «exilio» al no poder asegurarse, según él, un juicio justo en España.

Compareció con otros seis exconsejeros autonómicos: Dolors Bassa, Toni Comín, Meritxell Serret, Joquim Forn, Meritxell Borràs y Clara Ponsatí, que en su mayoría eran huidos de la Justicia española.

Bassa, Forn y Borràs se marcharían a las pocas horas para comparecer ante la Justicia española. Comín, Serret, Ponsatí y también Lluís Puig se quedarían en Bélgica.

El 1 de noviembre la Justicia española anunció una querella contra Puigdemont y los exconsejeros por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos, entre otros.

Puigdemont y los exconsejeros en Bélgica han vivido dos procesos de euroorden (en el caso de Puigdemont, el segundo en Alemania, donde llegó a estar preso, y, en el de Ponsatí, en el Reino Unido).

El Tribunal Supremo retiró la euroorden contra él el pasado 19 de julio, cuando renunció a juzgarle en España sólo por el delito de malversación, y desde entonces vive en Bélgica como un ciudadano libre.

Precisamente, su detención en Alemania sucedió en uno de sus viajes por Europa, cuando en marzo pasado trataba de volver a Bruselas desde Finlandia por carretera tras dar una conferencia en la universidad de Helsinki.

También ha viajado a Copenhague, Ámsterdam y recientemente a las Islas Feroe, aunque solo parte de sus viajes trascienden a la prensa, explicaron a Efe fuentes cercanas.

No puede regresar a España, donde sería detenido automáticamente, hasta pasados al menos 20 años, tiempo que tarda en prescribir el delito de rebelión del que se le acusa, si bien él espera que pueda variar su situación.