Crisis sin precedentes entre JpC y ERC por la suspensión «temporal» de Puigdemont

«No hemos aceptado, ni aceptaremos nunca la suspensión o sustitución de Puigdemont. Para nosotros es una línea roja », aseguró Albert Batet , portavoz de JpC, poco después de que la Mesa del Parlamento catalán bloquease la propuesta de su presidente, Roger Torrent (ERC), para aplicar el auto del juez Pablo Llarena. Torrent -en base a un informe de los Servicios Jurídicos firmado solo por el nuevo letrado mayor, Joan Ridao , exnúmero dos de ERC- defendió que los seis acusados de rebelión (Puigdemont más Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva) fueran sustituidos «temporalmente» por un compañero de partido de cada uno de los afectados y deshechó la propuesta de JpC, consistente en que esta medida afectase a cinco diputados, pero no a Puigdemont, ya que, desde el punto de vista de JpC, este tiene « una situación diferente » a la del resto de acusados por el Supremo.

No hubo acuerdo y la votación en la Mesa evidenció una ruptura entre los dos partidos independentistas que dejará secuelas en las relaciones entre ambos. Torrent, Adriana Delgado (ERC) y David Pérez (PSC) votaron favorablemente a la medida de los letrados; Josep Costa (JpC), José María Espejo-Saavedra (Cs) y Joan García (Cs) lo hicieron en contra, por motivos diferentes; y Eusebi Campdepadrós (JpC) se abstuvo. Empate. Al estar presentes todos los miembros de la Mesa, no hubo posibilidad de que el voto de calidad de Torrent desencallara la situación . La propuesta de los letrados cayó y Torrent, tras consultar a la Junta de Portavoces, decidió no retomar el pleno, que había empezado el martes y estaba previsto que finalizará hoy, siendo el último antes del parón veraniego a partir del 31 de julio.

Sin embargo, la aplicación del auto de Llarena quedó en un segundo foco mediático nada más conocer la división entre JpC y ERC, y la fractura que quedó patente ayer en el seno de JpC .

Durante toda la mañana, las filtraciones de las dos formaciones políticas ya auguraban un posible desacuerdo («la Mesa es soberana para aplicar el auto», decían desde JpC; a lo que desde ERC respondían, a través de los periodistas: « Si no entran en razón, vendrán días complicados »), que se convirtió en irreversible en cuanto Batet aseguró, en rueda de prensa acompañado de Eduard Pujol y Gemma Geis, que ERC había roto un acuerdo «verbal» por el que se aceptaba el « voto diferenciado » entre los acusados por rebelión en prisión y Puigdemont. «Habíamos llegado a un acuerdo esta mañana -por ayer-. Y lo teníamos cerrado al más alto nivel entre grupos parlamentarios, en el gobierno y en la Mesa», defendió el portavoz de JpC. Una acusación que se agravó al añadir Eduard Pujol, portavoz adjunto de JpC, que: «Lamentamos que Torrent se haya saltado un acuerdo y haya priorizado un acuerdo con el PSC . O con la dignidad del país o con el blanqueo al PSC del 155. Pedimos a ERC que aclare cuál es su posición».

La mecha ya estaba encendida y, solo unos minutos después, la respuesta fue contundente por parte del partido que lidera Junqueras. Sergi Sabrià, presidente del grupo parlamentario de ERC, entró serio en la sala de prensa del Parlamento catalán y, sin rodeos, dijo: «L o que acaba de pasar en este atril es gravísimo : se ha salido a mentir. JpC sabe que no había ningún acuerdo cerrado y por eso se pospuso la reunión de la Mesa para esta mañana -por ayer-. Lo que acaba de pasar es intolerable ». Tras defender la propuesta de Torrent para aplicar el auto de Llarena y asegurar que «ERC y Torrent van siempre de la mano», Sabrià advirtió de que lo sucedido este miércoles «ha roto la confianza» con JpC y que no podía «evaluar sus consecuencias» en el gobierno catalán, proyecto al que mostró, pese a todo, «voluntad» de continuidad .

Ayer se perdió otra hilacha del collage independentista cosido tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, después de la extraviada el 30 de enero, cuando Torrent decidió suspender la investidura de Puigdemont para evitar desobedecer al Tribunal Constitucional, instancia que había advertido de la imposibilidad de elegir presidente de la Generalitat a un diputado que no estuviera presente.

Está por ver la resistencia de un pacto en el que se entrecruzan aspectos políticos y personales. Así, en JpC confían en que el magistrado Llarena acepte , finalmente, la extradición de Puigdemont solo por malversación. De esta manera, caería la acusación de rebelión y, por lo tanto, la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala la suspensión automática de los diputados en cuanto son acusados formalmente de rebelión. «Contemplamos la posibilidad real de que sea investido presidente de la Generalitat si es extraditado por malversación», indicaron fuentes de la dirección de JpC, que recordaron, además, que con este objetivo se ha puesto en marcha la reforma del Reglamento parlamentario.

Otro aspecto personal fue la decisión de Campdepadrós en la votación de la Mesa. Pese a formar parte de JpC, optó por abstenerse ante el informe de los letrados. En JpC justificaron su decisión porque, así, junto al voto en contra de Costa, la formación mostraba su rechazo a la propuesta de Torrent . Sin embargo, tres fuentes distintas consultadas por ABC aseguran que los letrados de la cámara, presentes en el reunión y que toman notas para el acta posterior, tuvieron que pedirle un posicionamiento expreso a Campdepadrós ya que su intervención se podía interpretar a favor o en contra del informe jurídico. Votar en contra de aplicar el auto de Llarena -y que hubiera salido- habría sido una clara desobediencia al Tribunal Supremo.

En esta línea y en el contexto de cierto caos vivido ayer en el Parlamento de Cataluña, al mediodía se confirmó que además de las reuniones entre los líderes parlamentarios de JpC y ERC, Quim Torra (JpC) y Pere Aragonès (ERC), presidente y vicepresidente autonómicos, respectivamente, habían mantenido un encuentro para intentar encontrar una solución.

La dirección de JpC aseguró a este diario que en esa reunión Aragonès dio su visto bueno a la propuesta de aplicar el auto del magistrado del Supremo con la fórmula del « voto diferenciado ». Pero ERC lo niega rotundamente: «Es totalmente falso. Que busquen otra excusa mejor...».

En cualquier caso, el auto del juez Llarena que suspende a los seis diputados está fechado el 9 de julio pasado. Dos días después, llegó la notificación al Parlamento catalán. La prueba fehaciente de que la suspensión es efectiva se comprobará con las próximas nóminas, cuya autorización depende de la Auditoría de Cuentas y Tesorería. Será entonces cuando, con acuerdo o sin él de la Mesa, se sabrá si Puigdemont está suspendido de todas sus funciones como diputado autonómico.