Crespo y el «Bigotes» sugieren que reconocerán la financiación ilegal del PP de Valencia

Para poder consultar con sus clientes y negociar las condiciones del deseado acuerdo con la Fiscalía, los letrados de Crespo y Pérez han solicitado al juez del caso, José Manuel Vázquez Honrubia , que suspenda la vista oral hasta el próximo viernes, una petición que ha sido aceptada por el magistrado. Ambos abogados han argumentado que la confesión de Correa ha provocado «un giro en el devenir del procedimiento», pues ha apuntalado las tesis del Ministerio Fiscal, y que necesitan tiempo. «¿Debo entender que su cliente va a aportar datos relevantes?», le ha cuestionado el magistrado. El letrado ha asentido.

La suspensión de la vista oral ha sido aceptada por la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación popular, lo que puede indicar el camino de los acontecimientos. Correa, igual que otros nueve empresarios, han reconocido la financiación ilegal del partido que dirigió Francisco Camps . El Ministerio Público no ha alcanzado un acuerdo con Correa, pero en la primera sesión del juicio expresó que estaba dispuesta a rebajar su petición contra él si el cabecilla de la red corrupta colaboraba durante la vista. Los empresarios admitieron que pagaron 1,2 millones en negro, fuera de contabilidad, a la empresa de la Gürtel Orange Market, por la deuda que el PP de Valencia tenía con ella, por los servicios electorales prestados.

El tiempo dirá si la confesión de Correa, que ayer atribuyó la iniciativa de la facturación falsa bajo la que se escondió la supuesta financiación ilegal del partido al PPCV, es suficiente y goza de la credibilidad necesaria para que el Ministerio Público acepte suavizar su petición, actualmente de 22 años de prisión. Si Crespo y el «Bigotes» confiesan sería la primera vez que ambos reconocen las irregularidades de la trama Gürtel , que ambos están acusados de liderar. La declaración de el «Bigotes», el encargado de la filial de la red en Valencia, será decisiva para arrojar luz sobre lo sucedido en el seno del PP de Francisco Camps y sus palabras pueden retumbar entre las paredes del partido que gobernó como un rodillo en Valencia.

El reconocimiento de los hechos de todos estos acusados coloca contra las cuerdas a los antiguos altos cargos del PP de Valencia que también se sientan en el banquillo, entre ellos el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y el exvicepresidente de la Generalitat valenciana Vicente Rambla . Ambos se enfrentan a siete años y nueve meses de prisión, y seis años y tres meses respectivamente, acusados de delitos electorales, de falsedad continuada y delitos fiscales. El juez resolverá si el PP de Valencia financió de forma ilegal las campañas electorales de las municipales y autonómicas de 2007 y generales de 2008.