La contundencia del Supremo contra el indulto modulará el alcance de la decisión del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , preparó ayer el terreno para el momento en que decida pulsar el botón y conceder los indultos a los líderes del procés. La decisión ya está consolidada. Aunque no formalizada. Y el Gobierno espera al Supremo, como es preceptivo, para estudiar su argumentación y justificar su decisión. En el Gobierno llevaban meses sin cerrar la puerta . Pero nunca hasta ahora con esta claridad. Desde Bruselas, tras la reunión del Consejo Europeo, Pedro Sánchez justificó que solo actuará teniendo en cuenta «los valores constitucionales como la concordia y el entendimiento» y no otros «que no son constitucionales, como la venganza o la revancha». La elección de las palabras no es en absoluto casual. Y entra de lleno en el marco de los independentistas. Cuando el 4 de diciembre el TS revocó el tercer grado a los presos, el hoy presidente Pere Aragonès criticó que se persistía «en la sed de venganza». Señalaba al Supremo como un tribunal «controlado por la derecha judicial». E insistia en que se trataba de «una venganza política».

El presidente apeló a la necesidad de «mirar al futuro y aprender de los errores» y, volvía a insistir: «No quedarnos atrapados en la venganza y en la revancha». Sánchez reclamó además al PP que le apoye en su decisión: «Yo apoyé al Gobierno en 2017 con el [artículo] 155 porque entendí que esta era una cuestión de Estado. Ojalá yo tuviera la lealtad de la oposición que tuvo entonces Rajoy en momentos muy desgarradores, cuando se puso en cuestión la integridad territorial española».

El tono y el fondo del presidente fueron nítidos. Unas horas antes lo había sido también la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero . Preguntada específicamente por si el Gobierno estaba dispuesto a asumir el coste de una decisión contraria a los planteamientos del Tribunal Supremo, dejó claro que la guía no será criterio del tribunal sentenciador sino lo que el Gobierno considere más conveniente de cara al «interés general».

Un concepto lo suficientemente subjetivo como para basar en él cualquier decisión presentando ese principio como superior al de alinearse con la Fiscalía y el Supremo: «Siempre vamos a hacer lo que consideremos que es mejor para el interés de España».

Hasta ahora en el Gobierno se mostraban cautos a la espera de un informe, el del Supremo , del que sólo el tono en el que el Tribunal exprese su rechazo a condonar las penas por sedición y malversación a los líderes del 'procés' será la novedad . Ya no es el fondo, sino la forma, las palabras con las que los magistrados expresen su oposición al indulto, lo que importa. Hasta tal punto de que la mayor o menor benevolencia del Gobierno en su respuesta puede estar condicionada a la contundencia de esos informes, según reconocen fuentes del Ejecutivo.

Hace apenas unos meses, con ocasión de los dos intentos de la Generalitat de excarcelar a los presos con un tercer grado prematuro a los presos del 'procés', ese mismo tribunal recordaba que los condenados lo fueron por haber «dinamitado las bases de la convivencia promoviendo un alzamiento tumultuario con el objeto de demostrar que las resoluciones del Tribunal Constitucional y de los jueces radicados en Cataluña ya no eran ejecutables».

No lo tiene fácil el Ejecutivo por la parte que se refiere a los informes preceptivos –que no vinculantes– de Fiscalía y tribunal sentenciador. Pero por la que se refiere a los interesados tampoco, porque el hecho de que no solo no se arrepientan, sino que sigan manifestando su voluntad de reeditar la hoja de ruta declarada ilegal, complica la explicación ante la opinión pública de la concesión de una medida de gracia que, si bien es potestativa del Gobierno, tiene que ajustarse a unos parámetros concretos. En la sentencia del «kamikaze» de Valencia, cuyo indulto anuló el Supremo, quedó clara la exigencia de motivación de las «razones de justicia y equidad» que justifican un indulto . En aquella reñida sentencia, la Sala Tercera del Supremo reconocía que el Poder Judicial no puede controlar el núcleo de la decisión gubernamental, pero sí la inexistencia de «una fundamentación específica» que «permita sustentar en razones de justicia, equidad o conveniencia social la decisión del Gobierno de indultar a una persona determinada».

Como hizo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el lunes, el Ejecutivo se esfuerza ahora en recalcar que los expedientes tienen que ser revisados de forma individualizada y que, en caso de haberlos, se trataría de indultos parciales cuando es la propia ley la que impide ese indulto total con informes desfavorables en contra.

El artículo 11 de la ley que regula esta medida de gracia señala que el indulto total se otorgará a los penados tan solo en el caso de existir a su favor «razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio el tribunal sentenciador» , en este caso el Tribunal Supremo. Mientras que el indulto total consiste en la remisión de todas las penas a las que ha sido condenado el delincuente, el parcial es la remisión de alguna de esas penas o de parte de todas en las que hubiese incurrido y no hubiera cumplido todavía.

Entre esos valores constitucionales a los que Sánchez se refirió como guía de su decisión están la «concordia y el diálogo», junto con el «respeto a las leyes y a la Constitución». Falta bajar al detalle, pero ese planteamiento dibuja el escenario de una conmutación de parte de las penas de prisión pero condicionada a que los condenados cumplan con la ley y no cometan de nuevo el delito.