El contrato de las mascarillas: acusaciones en la Asamblea y el PP, nada en la Fiscalía
Ayuso: «Como unos y otros no han podido acabar conmigo por más que lo intenten, me están haciendo pagar tener ahora 65 escaños»
Tomás Díaz Ayuso: quién es y de qué se le acusa al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid
El contrato que dio la Comunidad de Madrid a una empresa en plena primera ola de pandemia por adjudicación directa y sin publicidad, cuyo administrador resultó ser amigo de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás , tiene de momento más recorrido ... político, con acusaciones cruzadas tanto en la Asamblea como en el propio seno del Partido Popular, que judicial.
No constan diligencias en la Fiscalía Anticorrupción sobre este asunto, de acuerdo a las diversas fuentes consultadas por ABC. En su momento, Más Madrid anunció que sopesaba llevar el contrato a manos de la justicia, pero finalmente no dieron el paso de acudir a la Fiscalía de Madrid o cualquier otra instancia, según informan en el partido, que ahora está reconsiderando denunciar. Tampoco consta, de acuerdo a otras fuentes, que lo hiciese en aquel momento el PSOE madrileño.
La relación entre el adjudicatario, la empresa Priviet Sportive S.L. e Isabel Díaz Ayuso fue revelada por eldiario.es en noviembre del año pasado. El contrato consistía en la compra de 250.000 mascarillas ffpp2 y ffpp3 y se estaba concediendo a una empresa que no tiene entre sus actividades declaradas relación alguna con materiales sanitarios.
No fue raro en aquellos primeros meses, con los mercados internacionales en colapso y una aguda carencia de equipos de protección. Empresas que por sus quehaceres tenían relación con proveedores en China se ofrecieron a gestionar los contratos de compra de material, adquirieron directamente las mascarillas y las donaron o reconvirtieron su actividad para ponerse a fabricarlas.
Sin embargo, en este caso el administrador único de la empresa adjudicataria, Daniel Alcázar Barranco , era amigo desde la infancia de Isabel Díaz Ayuso y su hermano, con quienes coincidían en el pueblo de Ávila que ambos frecuentan en temporada estival, Sotillo de la Adrada. Esta relación nunca fue desmentida desde la Comunidad de Madrid, que sí incidió en que ella no tuvo nada que ver con la adjudicación de aquel contrato.
Fue, en todo caso, una adjudicación directa sin concurso ni publicidad, y así, sin transparencia sobre los criterios bajo los que la empresa fue elegida, amparada por el estado de alarma declarado por el Gobierno en aquella primera ola de la pandemia.
De acuerdo a las fuentes fiscales consultadas por ABC, no se incoaron diligencias de investigación para esclarecer si hubo alguna irregularidad tras la publicación de aquellas informaciones y en la Fiscalía Anticorrupción no tienen así ningún asunto abierto ni sobre la concesión ni sobre la posibilidad que se insinúa de que el propio hermano de Ayuso se llevase una comisión por la intermediación.
Adonde sí llegó este asunto fue a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, con peticiones de comisión de investigación. De hecho, el 11 de noviembre se produjo un episodio polémico cuando todos los diputados de la oposición, Más Madrid, PSOE, Vox y Unidas Podemos, abandonaron el Pleno monográfico sobre contratación tras expulsar la presidenta de la Cámara regional, Eugenia Carballedo, a una diputada del PSOE que se negó a retirar una acusación sobre el hermano de Ayuso.
Acusaciones de espionaje
Ahora, El Confidencial apunta que cargos del Ayuntamiento de Madrid sondearon detectives para investigar si efectivamente, esto se había producido y recoger material así contra Ayuso. Por otro, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dice que tuvo noticia a finales del año pasado de que se podrían haber contratado investigaciones con dinero de una empresa pública del consistorio e hizo indagaciones sobre ello sin encontrar rastro, como señalaba El Mundo.
Mientras, desde Génova dan al ABC dos datos: Que no hubo ninguna contratación de detectives ni espionajes de por medio y que sí les consta que el hermano de Ayuso se llevó una comisión por aquel contrato. Y aunque no tiene la prueba definitiva que les permita llevarlo a la Fiscalía, la cuantifican: ascendió a 280.000 euros . Lo que no explican es cómo lo supieron ni si ahora, con el escándalo ya servido, lo pondrán en manos de los fiscales.
Ayuso, este jueves en la Asamblea, lo negaba, de nuevo, arreciando la oposición: «Jamás un solo minuto se ha dedicado, ni para beneficiarme yo, ni para nadie de mi entorno y si no lo tuviera tan claro, no lo diría con tanta claridad», ha señalado. Para la presidenta, la clave está en que "unos y otros" al no poder acabar con ella, atacan ahora a su familia.