La inacción del Gobierno: un mes a remolque del coronavirus tras varias semanas minimizando el riesgo

Toda la información pública disponible pone de manifiesto que el coronavirus llevaba tiempo en el radar. El 23 de enero el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III comenzaba la elaboración de un protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos sospechosos de coronavirus en España. Ese mismo día se recordaba que nuestro país «no dispone de aeropuertos con vuelos con conexión directa a Wuhan y que esta ciudad no es un destino turístico frecuente». El 28 de enero el ministro Illa planteó la cuestión en el Consejo de Ministros. No había por el momento ningún positivo por Covid-19 en España. Aquel día ya se dijo que no se podía descartar que apareciese algún caso importado en España «procedente de la zona de riesgo». Pero se insistía en que la probabilidad de que se produjesen casos secundarios en nuestro país se estimaba baja. Por esas fechas el virus ya estaba en España.

Lo que se produce desde entonces es una sucesión de errores en el diagnóstico, tanto en el ámbito sanitario como económico, que es imprescindible conocer para entender las decisiones posteriores. El 31 de enero ya había un caso en la isla de La Gomera. El 4 de febrero el Gobierno acuerda la creación del Comité de Coordinación Interministerial «ante la amenaza para la Salud Pública» producida por el coronavirus. El 12 de febrero se cancela el Mobile World Congress que se celebra en Barcelona . El Gobierno restó trascendencia a esta suspensión. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo , dijo ese día: «Nuestro país tiene una situación francamente controlada de gran respuesta, pero podemos entender que por otras razones hayan decidido esa cancelación, pero no por razones sanitarias en nuestro país». El 4 de marzo se conoce la primera muerte en España por coronavirus . Un hombre de 69 años que había fallecido el 13 de febrero en Valencia. El Gobierno ese día supo que ya tres semanas antes había un fallecido y que por tanto la transmisión del virus Covid-19 se remontaba como mínimo a enero. Pero a la vez ese mismo día, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño , aseguraba que esta crisis provocaría impactos «poco significativos» y «transitorios».

La manifestación del 8 de marzo aparece como punto fundamental de la crispación política. El 1 de marzo Fernando Simón dice: «El virus no circula en nuestro país de forma amplia. No estamos en una situación que incite a tomar medidas como la suspensión de las Fallas». A finales de marzo el ministro Illa reconoció que ahora ya sabían que la gran propagación se produjo en las últimas semanas de febrero. Un día después el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades animaba a promover las «medidas de distanciamiento social individual» y animaban a «evitar» acudir a «actos multitudinarios». Muchos otros acontecimientos o actividades se desarrollaban en paralelo a esa marcha. Es evidente. Como lo es que eventuales contagios en esa marcha no se conocerían hasta semanas después. Pero ya existían indicios de propagación nacional y advertencias de organismos internacionales. «No es una afluencia masiva de personas de zonas de riesgo», defendió el 7 de marzo Fernando Simón . El 8 de marzo el PSOE anima a «salir a llenar las calles».

Un día después todo cambia. Se dobla el número de contagios diagnosticados por encima de los 1.000 casos . Ese día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , aparece en un Congreso de ATA y está en condiciones de afirmar que el Gobierno prepara ya un paquete de medidas ante una crisis económica que hasta entonces no se consideraba. El 9 de marzo es la fecha que obsesiona al Gobierno. Pese a tener ya datos de que el coronavirus se transmitía en España mucho antes, el Ejecutivo envía una carta a la OTAN en la que fija en esa fecha el origen de la pandemia en España. El 9 de marzo la Comunidad de Madrid decide proceder al cierre de los centros educativos. El Gobierno extiende a toda España la «recomendación» de hacer lo mismo.

El 10 de marzo el ministro de Sanidad anuncia un sistema de compras centralizadas. El 14 de marzo se aprueba el mando único con el decreto del estado de alarma . En ese espacio de tiempo las regiones dejan de comprar. Pero poco más de una semana después Sanidad cambia el criterio y permite que las regiones vuelvan a los mercados. Todas denuncian falta de material.

El plan de respuesta a esta crisis desató una importante división en el seno del Ejecutivo. Los ministros de Unidas Podemos , pese a sus limitadas competencias, han sido protagonistas de una respuesta a los efectos inmediatos de la crisis. En unas decisiones que han abierto diferencias con figuras como Nadia Calviño, Carmen Calvo o María Jesús Montero.

Una gestión en la que Pedro Sánchez empezó con una respuesta tan gradual como unilateral . El Gobierno ha aprobado decretos sin contar con la oposición, forzando a su convalidación posterior. Y limitando el control al Gobierno a una comparecencia semanal del ministro de Sanidad. Hasta que ayer el Congreso logró cambiar el criterio . Hasta el cambio de rumbo en las ruedas de prensa se ha percibido un afán por controlar todos los detalles de un relato que el Gobierno articula sobre una premisa: esto no se podía saber. Y a la vez culpando al PP de que, si algo ha fallado, ha sido por los recortes en Sanidad durante la crisis en 2012 y 2013. Hoy se cumple un mes desde que el Gobierno reaccionó. Y lo hace sin querer asumir todavía ningún error.