El Constitucional ya se plantea multas para la «junta electoral catalana»

La Sindicatura, suspendida por el tribunal garante, ha ignorado al TC y ha continuado con sus actividades preparatorias del referéndum ilegal

Imagen de la fachada del Tribunal Constitucional EFE

20/09/2017
Actualizado 21/09/2017 a las 08:32h.

El Tribunal Constitucional (TC) abordará hoy la imposición de multas de hasta 30.000 euros a los miembros de la Sindicatura Electoral del referéndum ilegal por desobedecer al órgano de garantías y continuar con su actividad. Se trataría de la primera vez que el TC utiliza la sanción pecuniaria como herramienta para restaurar el cumplimiento de sus mandatos. Junto a la multa (que puede oscilar entre los 3.000 y 30.000 euros), la reforma de la Ley Orgánica del TC también contempla la posibilidad de suspender de sus funciones a los altos cargos o mandatarios que le desobedezcan.

Los doce magistrados del Constitucional dejaron sin afrontar esta materia ayer, cuando comenzaron un pleno ordinario que continúa hoy y que finalizará mañana jueves. El TC puede «reiterar la multa», cuya cantidad puede abarcar de 3.000 a 30.000 euros, hasta conseguir «el cumplimiento íntegro de lo mandado».

El tribunal garante de la Constitución suspendió la convocatoria del referéndum y la norma que creó la Sindicatura, un órgano decisivo para la celebración de la consulta ilegal. Los cinco miembros de la Sindicatura – Jordi Matas, Marc Marsal, Marta Alsina, Josep Pagés y Tania Verge , designados por Junts pel Sí y la CUP– fueron notificados personalmente de esta suspensión y advertidos de que debían frenar cualquier iniciativa preparatoria del referéndum .

La imposición de la multa a los síndicos sería el paso final del tribunal garante para garantizar que los miembros de la supuesta junta electoral catalana cumplen sus resoluciones, después de haberles permitido explicarse. El Constitucional otorgó el pasado miércoles a los síndicos un plazo de cuarenta y ocho horas para que informaran de si estaban o no imcupliendo el mandato del órgano de garantías, que bloqueó sus actividades el pasado 7 de septiembre, sin obtener una respuesta de ellos.

Al contrario, los supuestos representantes electorales catalanes han ignorado el mantado del TC y han continuado plenamente con sus actividades. En un primer momento, los síndicos designaron a los miembros de las Sindicaturas de Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona, así como los de la correspodiente a la región de Arán. Y, ayer, oficializaron la acreditación de diez observadores internacionales, de seis países, para el 1-0.

La activación del proceso sancionador por parte del TC se debió, en concreto, a la designación de los representantes territoriales . El tribunal garante, en una providencia del 13 de septiembre, les pidió explicaciones al advertir que estaban incumpliendo la resolución en la que dejaron en papel mojado la creación de la Sindicatura a través de una decisión del Parlamento catalán. Los síndicos sabían que debían abstenerse de nombrar a sus representantes de demarcación, pero decidieron hacerlo y desobedecer al TC.

Según la suspendida ley del referéndum independentista, la Sindicatura electoral catalana «es un órgano permanente integrado por cinco vocales, juristas o politólogos de prestigio expertos en procesos electorales nombrados por el Parlamento por mayoría absoluta». Esta regulación provocó que su nombramiento fuese controlado por los grupos independentistas en exclusiva. Su hipotética función sería la de supervisar la validez del censo electoral o los modelos oficiales de papeletas, entre otras.

La imposición de multas es un «arma» en el catálogo de medidas a disposición del TC para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones , nunca para castigar un comportamiento, otorgada por la reforma de la ley que regula su funcionamiento, sacada adelante por el Partido Popular, con la oposición en contra.

La huida hacia delante de los síndicos también les ha costado una querella de la Fiscalía Provincial de Barcelona , que les atribuye los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, por continuar con los preparativos del 1-O, a pesar de los avisos de la justicia. La querella se presentó en el juzgado de guardia de Barcelona. Si es admitida se iniciará una investigación penal.