El Constitucional anula la tramitación de las leyes de la ruptura en el Parlament

Los doce magistrados, reunidos en pleno, han estimado así dos incidentes de ejecución presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy contra las decisiones de la Mesa del Parlament, según han informado fuentes jurídicas. El Ejecutivo alegó que los acuerdos de la Cámara autonómica vulneraban la sentencia del Constitucional del 5 de diciembre de 2015 , cuando el tribunal garante de la Constitución anuló la llamada declaración de ruptura, la resolución con la que el Parlament dio por iniciada la desconexión de España.

Al mismo tiempo, el pleno del TC ha vuelto a poner en conocimiento de la Fiscalía la actuación de la presidenta del Parlament , Carme Forcadell, y los demás miembros de la Mesa que permitieron la tramitación de las leyes de la ruptura con sus votos a favor. Esta denuncia, llamada técnicamente deducir testimonio, avala las sospechas delictivas por estos hechos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya investiga a Forcadell y la Mesa por esta actuación por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, tras admitir una querella de la Fiscalía.

Los doce magistrados han declarado, por unanimidad , la inconstitucionalidad de los acuerdos de la Cámara autonómica en un auto que tiene efectos de forma inmediata y se publicará íntegro en el BOE. El Constitucional explica que la Mesa del Parlament permitió tramitar las leyes de la ruptura "pese a las expresas advertencias que les fueron formuladas previamente, por escrito, por el Secretario General del Parlamento y el Letrado mayor de la cámara autonómica, quienes alertaron de que estaban desobedeciendo al TC.

Estas voces también denunciaron el procedimiento unilateral empleado por los parlamentarios autonómicos de la coalición independentista de Junts pel Sí para sacar adelante sus planes. Los magistrados recuerdan que la Mesa del Parlament tramitó las proposiciones de ley por el procedimiento de lectura única, sin permitir las enmiendas e impidiendo el debate, que también había sido ya suspendido de forma cautelar por el TC. Además, los secesionistas se saltaron el «inexcusable» dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias , una garantía que se debió exigir antes de llevar a cabo la votación en el pleno.

El auto del Constitucional argumenta que los acuerdos del Parlament vulneran el marco de competencias fijado en la Constitución . Al adoptar los acuerdos, el Parlamento catalán se arroga atribuciones inherentes a la soberanía, superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución e insiste en introducir en el ordenamiento jurídico con apariencia de validad un objeto específico: el presunto proceso constituyente en Cataluña, cuya inconstitucionalidad ha declarado de forma reiterada el TC.

Estos dos autos declaran la nulidad del proceso que permitió sacar adelante las leyes del referéndum y la de transitoriedad jurídica. Esta norma, también suspendida por el tribunal garante, pretendía funcionar como una especie de Constitución catalana si la opción independentista venciera en el referéndum ilegal, previsto por los secesionistas para el 1 de octubre, en el periodo transitorio que se abriría entonces.