Un consenso imposible: así afrontan los partidos la reforma constitucional

El alto grado de consenso que alcanzó con la Constitución de 1978 es tesoro a preservar por todos los partidos. Sin excepción, todos abogan por no reformar la Carta Magna si con ello el resultado va a ser un texto con menos respaldo que el logrado hace 40 años, porque eso supondría que la propuesta de reforma constitucional se convertiría en un elemento recurrente. Y es ahí donde reside la imposibilidad de la reforma.

Pese a los tiras y afloja, el acuerdo entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez que ha servido para constituir la comisión para la evaluación del modelo autonómico va a mantener abierto el debate como mínimo los próximos seis meses. Pero la constitución de ese espacio ha puesto de manifiesto la ausencia de consenso. El problema va más allá de que los nacionalistas vascos o catalanes estén ahora mismo en las antípodas de poder participar del consenso, sino que entre los cuatro grandes partidos no existe una línea de actuación común. Estas son las posiciones actuales de los partidos ante este debate:

«No estaba entre mis prioridades, no figuraba en mi programa y creo que hay cosas más importantes que hacer en España». Mariano Rajoy fue muy claro respecto a lo que piensa sobre la reforma de la Constitución. Pero también se mantiene fiel al compromiso alcanzado con Pedro Sánchez de «hablar» sobre la cuestión en la comisión creada en el Congreso.

El día que esta comisión se constituía, el que será portavoz del PP en la misma, José Antonio Bermúdez de Castro , ya advirtió sobre las intenciones de los populares: «No venimos con la idea de reformar la Constitución». Su premisa es «modernizar el Estado Autonómico» y su intención es abordar en este espacio cuestiones como la financiación autonómica. El PP considera que si se constata la falta de consenso podría ser pertinente no abrir la subcomisión.

En el acuerdo de investidura suscrito con Ciudadanos se hablaba de esta cuestión de la siguiente manera: «El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a estudiar la actualización del texto constitucional para la mejora de la Norma Fundamental que ha deparado que la sociedad española haya disfrutado del más prolongado periodo de prosperidad de su historia. A tal fin, se utilizará como referencia el informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones constitucionales de febrero de 2006».

En su acuerdo con Ciudadanos ambos partidos se comprometían a una reforma del Senado, apenas uno de los puntos en los que hay, como mínimo un diagnóstico generalizado. Así quedaba redactado en el pacto con Rivera: « Transformar el Senado en estricta cámara territorial con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado. Entre dichas funciones figurarán la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte, o la determinación de niveles comunes en los grandes servicios públicos. Asimismo, ambos partidos se comprometen a apoyar la reducción sustancial del número de senadores ».

El PSOE entiende que el acuerdo con Rajoy contempla abrir la subcomisión para la reforma constitucional después de que la comisión de evaluación del modelo territorial haya funcionado durante seis meses. Pero los socialistas son conscientes de que con la actual configuración de fuerzas será imposible cerrar la reforma esta legislatura .

Sánchez necesita que esa subcomisión empiece a funcionar porque el anuncio de su acuerdo sirvió como aglutinador interno y fue entendido en el partido como un logro y una contrapartida tras haber apoyado el artículo 155 . Si se pone en marcha, el PSOE tendrá que acompasar sus posiciones, pero ayer hizo un esfuerzo por demostrar que no hay tanto desacuerdo con el PP como parece. La vicesecretaria general, Adriana Lastra, aseguró que este debate ya nace «con un punto de acuerdo entre PP y PSOE y es que no va a servir para contentar a los independentistas».

Su rechazo a un referéndum de autodeterminación es claro, pero también seguirán invocando el concepto de plurinacionalidad. Y este es un extremo que no comparten PP y Ciudadanos. Sí lo defiende en cambio Podemos, aunque la formación de Pablo Iglesias va más allá al seguir defendiendo el derecho a decidir.

Unidos Podemos ha decidido no participar en la comisión territorial abierta en el Congreso por considerar que es sumamente inoportuno que esta se desarrolle tras la destitución del Govern al amparo del 155. El PSOE, como impulsor de este espacio, confía en que tanto los de Iglesias como PNV y PDECat se puedan terminar sumando, porque de lo contrario la comisión resultaría un fracaso.

En cualquier caso, Podemos sigue defendiendo la apuesta por el derecho a decidir . Mientras no renuncie a esa apuesta no solo será imposible un acuerdo por consenso sino que será difícil que pueda cerrar un acuerdo a nivel estatal con el PSOE. De ahí la insistencia de los socialistas porque Podemos rectifique en esta cuestión, porque saben que se juegan La Moncloa en ello.

Pero Podemos no ha dado muestras de rectificación en este aspecto. Siguen defendiendo el referéndum pactado como la mejor propuesta en este conflicto. Y no es probable que modifiquen su posición una vez que en Cataluña han cedido protagonismo a los comunes de Ada Colau y Xavier Domènech .

Ciudadanos también reivindica la reforma constitucional. Lo contemplaba en sus programas electorales de 2015 y 2016 y lo incorporó a los pactos de investidura suscritos tanto con el PSOE como con el PP. Pero se han mostrado contrarios a la comisión territorial del PSOE , aunque participan de ella.

Consideran que centrar la reforma en la cuestión territorial es un riesgo porque puede derivar en cesiones a los independenistas. En este aspecto Rivera insistirá en la reducción del Senado y en «cerrar» el Título VIII de la Constitución para clarificar las competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Pero su ambición es que la reforma se centre en cuestiones de regeneración como la supresión de aforamientos.

De hecho, con el PSOE suscribió en el acuerdo de investidura un acuerdo para cuestiones que tendrían que reformarse de forma urgente, que incluía los siguientes puntos. Todos ellos serán cuestiones que estarán encima de la mesa:

-Supresión del aforamiento de diputados, senadores y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

-Reducción a 250.000 firmas del mínimo exigido por el artículo 87.3 para la presentación de proposiciones de ley de iniciativa popular.

-Establecimiento de un plazo máximo de ocho años consecutivos para ejercer el cargo de presidente del Gobierno.

-Reducción a diez del número de vocales del Consejo General del Poder Judicial regulado en el artículo 122.3.

-Supresión de las Diputaciones Provinciales de régimen común y creación de Consejos Provinciales de Alcaldes para la atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia respectiva.