El Consejo General del Poder Judicial otorga amparo al instructor del caso Cursach

En su escrito de diciembre dirigido al CGPJ, el instructor del caso Cursach refería constantes seguimientos , pintadas amenazantes o insultantes en las inmediaciones o en la puerta de su domicilio, e incluso el incendio de un vehículo en el garaje del edificio de viviendas en el que reside. Además, denunciaba presuntas maniobras que buscarían su descrédito. Penalva también hacía referencia a la convocatoria de una manifestación pública que tuvo lugar el pasado 27 de noviembre, el mismo día en el que estaban citados para declarar en los Juzgados varios de los investigados -equivalente a imputados- en el procedimiento. Dicha manifestación había sido convocada por el abogado Vicente Campaner para protestar por el desarrollo de la instrucción del caso.

Cabe recordar que lo que ahora se conoce genéricamente como caso Cursach es una macrocausa en la que, originariamente, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán solo investigaban la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá. Formarían también parte de la citada trama, supuestamente, el principal empresario del sector del ocio nocturno en Baleares, Tolo Cursach, así como antiguos dirigentes locales del PP y funcionarios de distintas administraciones. Dicha presunta trama habría estado más o menos activa a lo largo de las dos últimas décadas.

Según los investigadores, Cursach habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios y habrían perjudicado a los de la competencia a cambio de dádivas y regalos. Entre dichos «obsequios» se encontrarían, supuestamente, fiestas gratuitas con prostitutas en las que se habrían consumido drogas. Ese último extremo ha sido siempre negado de forma rotunda por varias de las personas investigadas en este caso.

Según ha dado a conocer el CGPJ este jueves a través de un comunicado, el órgano de gobierno de los jueces ha decidido otorgar amparo al juez Penalva frente a la actuación del letrado Campaner, « instándole el cese o la abstención en el futuro de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional». El CGPJ da además traslado de su decisión al Colegio de Abogados de las Islas Baleares «por si, en el ámbito de su competencia, considerase preciso realizar alguna actuación en relación con la conducta del letrado ».

«Una manifestación, convocada ante las sedes judiciales, para reivindicar la detención e inhabilitación de un juez que se encuentra instruyendo unas diligencias judiciales, y que coincide además con el día en que se encuentran señaladas diversas declaraciones de investigados en la causa, supone una actuación externa a la relación procesal que, por sí misma y sin necesidad de otros condicionantes, tiene suficiente gravedad y entidad como para ocasionar un efecto negativo apreciable sobre el ejercicio de la jurisdicción, suponiendo una clara injerencia en un asunto judicial en curso», señala el acuerdo aprobado este jueves por la Comisión Permanente del CGPJ.

El texto añade que si Campaner tiene sospechas o indicios de mala praxis judicial, «dispone de diversos cauces legales para reivindicar sus legítimas aspiraciones, pero dicho cauce no puede consistir en una descalificación tan absoluta de la función jurisdiccional , dirigiendo y jaleando a una multitud de personas que no tienen otro objetivo más que sembrar una duda generalizada sobre la independencia del juez que conoce el caso, y que les conduce incluso a solicitar su detención e inhabilitación».

El CGPJ concluye que esas actuaciones «no solo comprometen el deber de respeto hacia las decisiones judiciales, sino que, además, transmiten a los ciudadanos una imagen distorsionada de la Justicia y del principio constitucional de separación de poderes, que ha de considerarse un principio constitutivo de nuestro sistema político y de convivencia. En definitiva, proceden a socavar uno de los fundamentos esenciales del orden constitucional: la legitimidad de los miembros del Poder Judicial y la confianza social en su actuación».

Cabe recordar, en este contexto, otras actuaciones o decisiones previas vinculadas a otros órganos judiciales. Así, la Audiencia Provincial de Palma recibió en noviembre del pasado año dos incidentes de recusación contra el instructor del caso Cursach . Una de las peticiones de recusación fue planteada en relación a la pieza principal de esta causa, mientras que la otra fue presentada en relación a una de las piezas separadas. Los dos solicitantes de la recusación consideran que el juez Penalva no habría actuado en este caso con la objetividad que precisa el desarrollo de cualquier proceso judicial.

A lo largo del pasado mes de diciembre se sumaron a dicha petición de recusación una quincena de abogados, así como también la Fiscalía Anticorrupción. A la espera de que se resuelvan estos incidentes de recusación, Penalva ha limitado al máximo sus resoluciones referidas al caso Cursach. En cualquier caso, este magistrado entregó ya un informe a la Audiencia Provincial en el que rechazaba que existan causas para aceptar su recusación.

La Sala se pronunciará en las próximas semanas sobre ambas hipotéticas recusaciones, que en caso de ser aceptadas supondrían que Penalva tendría que abandonar esta causa . En caso de que finalmente se diera esa última circunstancia, tendría que ser nombrado otro magistrado para proseguir con la instrucción de este proceso judicial.

Por otro lado, cabe recordar también que el pasado 11 de diciembre la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) dictó un auto en el que desestimó la querella presentada contra Penalva y contra Subirán por presunta falta de imparcialidad. El objetivo último de la citada denuncia, presentada en agosto por la hermana de un imputado, era que ambos fueran apartados de la causa. Los tres jueces de la Sala señalaron en su resolución que no les concierne ahora si Subirán y Penalva «deben ser apartados del proceso por haber perdido su necesaria imparcialidad, cuestión que debe resolverse en el correspondiente incidente —de recusación— finalmente planteado por alguna de las partes en aquel proceso».