El Consejo Fiscal pide que se paralice la digitalización de las Fiscalías por «todas sus disfunciones»

Según este órgano que asesora a la fiscal general del Estado , la implantación de la digitalización (a través de la plataforma novedosa Lexnet ) puede generar «responsabilidad patrimonial de la Administración», por los problemas que supone para que la Fiscalía lleve a cabo una actuación «eficaz en los expedientes digitales». Los fiscales proponen que, antes de imponer que las resoluciones judiciales se comuniquen de forma telemática, un sistema que tiene hundidos en el caos a juzgados de toda España , el Ministerio de Justicia cree aplicaciones que integren los juzgados y las fiscalías, para que el expediente digital sea «realmente útil» para los fiscales.

Por ello, el Consejo Fiscal pide que el sistema se suspenda . «La mera visualización de todas las disfunciones evidencian la imposibilidad de extenderlo más allá de las experiencias piloto donde con gran esfuerzo se está aplicando», concluye el comunicado del órgano, quien también abordó en su reunión la calificación de las causas judiciales en simples o complejas, como les obliga la ley. Aun así, los fiscales han expresado también su compromiso pleno con la modernización de la Justicia y el uso de las nuevas tecnologías.

A esta conclusión llegó el órgano después de que los represenantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), miembros del Consejo Fiscal, aportara un escrito sobre el que se debatió en el que se calificaba la implantación de Lexnet de «desigual, improvisada, caótica y sin ningún control». Los consejeros pidieron a la máxima representante del Ministerio Público, Consuelo Madrigal, que suspenda la aplicación de este sistema hasta que está lo suficientemente desarrollado como para ser implantado en las fiscalías.

«Los peligros de aceptar el estado actual de las cosas pasiva o sumisamente es que nos conduce a un callejón sin salida del que podemos tardar años en salir», advierten en el escrito que llevaron a la reunión y al que tuvo acceso ABC. Las quejas de la Fiscalía, que ya quedaron patentes en la misiva que la propia Madrigal envió al Gobierno en funciones (en la que hablaba de “ineficiencia, retraso e inseguridad”), fueron unánimes en el Consejo Fiscal, uno de los más importantes de los últimos tiempos por el impacto de los temas tratados en el trabajo diario de la Fiscalía: por un lado, la implantación de Lexnet; y por otro, la nueva responsabilidad de la Fiscalía sobre los plazos de instrucción , es decir, el tiempo que una causa permanece abierta en el juzgado antes de celebrar el juicio o, en caso contrario, ser archivada.

El próximo 5 de junio vence el plazo para calificar las causas penales de todos los juzgados de España en simples (seis meses) y complejas (dieciocho), un trabajo que la Fiscalía está desempeñando contrarreloj y no sin dificultades al estar el control de la instrucción en manos del juez y no del Ministerio Público.

«Nos han lanzado por la borda en el naufragio del final de una legislatura a una carrera absurda», llega a sostener la UPF en el escrito que llevó ayer al Consejo Fiscal. «Lo importante de nuestro trabajo como fiscales no puede ser cómo archivar, cómo abrir, cómo cerrar, cómo enviar o cómo introducir un dato. Lo nuestro es el derecho, nuestra profesión es totalmente jurídica, y a alguno dentro de esta locura de lexnet parece habérsele olvidado». Y es que, a su juicio, la aplicación Lexnet está diseñada para comunicar al juzgado con las partes en sentido estricto, y la Fiscalía en un proceso penal es algo más que una parte: es una institución . «Nuestra inclusión en el sistema de Lexnet nos perjudica y degrada porque no reconoce nuestra naturaleza legal y constitucional».