Justicia de dos velocidades para las comunicaciones telemáticas

En la valoración del primer mes de funcionamiento de Lexnet, el ministro Rafael Catalá destacó que se han acortado los tiempos de tramitación de los escritos de 60 a 19 días y que las comunicaciones se pueden llevar a cabo los 365 días del año y no solo los hábiles, con lo que se dispone de 141 días más para la presentación de documentos. Destacó, además, que el ahorro de papel y desplazamientos que suponen las comunicaciones telemáticas supone 28 millones de euros en solo un mes.

Lo cierto es que al margen de las cifras, el malestar en los colectivos afectados (funcionarios de la Administración de Justicia, abogados, procuradores o trabajadores sociales) es patente en comunidades autonómas como Madrid o Andalucía. En la primera los profesionales tienen que presentar la documentación por las dos vías (lexnet y papel) hasta finales de febrero ante los fallos del sistema, achacables a la propia capacidad de lexnet pero también a la formación de los profesionales.

La nueva presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, reconoció que a día de hoy sigue habiendo «un gran número de incidencias», lo que crea inseguridad jurídica y esta, a su vez, tensión. Por este motivo la Abogacía ha pedido una moratoria para la puerta en marcha de este sistema o al menos que se compatibilicen, como en Madrid, papel y lexnet , hasta que las cosas fluyan con normalidad. Hasta el momento, la Abogacía, que ha formado a 12.000 colegiados, ha recibido 1.500 llamadas diarias de letrados relacionadas con este asunto.

Los procuradores también reconocen fallos en el nuevo sistema porque se cae y se colapsa con relativa facilidad. Su presidente, Juan Carlos Estévez, dijo que los profesionales están molestos con el cambio pero «para aprender a nadar hay que tirarse al agua».

Las mayores discrepancias han venido de la mano del Sisej, Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (antes secretarios judiciales), que critican la valoración «escasamente autocrítica» realizada por el Ministerio de Justicia.

A su juicio, el departamento que dirige Rafael Catalá eligió conscientemente un calendario precipitado y erróneo para implantar el sistema de comunicaciones electrónicas: en el inicio de la campaña de las elecciones generales se convocó al Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica para abordar el «papel cero» que debía iniciarse en poco menos de un mes.

Para Sisej, lo lógico habría sido establecer una moratoria para «sincronizar» la entrada en vigor y asegurar que se realizara con todas las garantías. También los jueces decanos exigieron una moratoria en dicha implantación hasta que se solucionen las deficiencias y se puedan cumplir las previsiones legales advirtiendo que «la improvisación y descoordinación» provocaría graves disfunciones, apunta.

Aunque el sistema de comunicación vía telemática funciona de forma muy dispar por comunidades autónomas, hay problemas comunes en todas ellas, como que los medios informáticos no se adecúan a las necesidades de la tramitación del procedimiento (tanto por el sistema utilizado como por su lentitud) o la sensación de improvisación derivada de la falta de una adecuada formación e información, denuncian desde el sindicato.

Lo cierto es que si lo que se trataba de evitar era el papel, hace un mes que «se está imprimiendo más papel que nunca en las oficinas judiciales, puesto que la presentación telemática de escritos no impide que deban incorporarse necesariamente al procedimiento, que no es electrónico, y que por tanto se sigue tramitando en papel». Como dato, los juzgados, tribunales y oficinas de la administración de justicia del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia aumentaron un 30% sus pedidos de suministro de papel para el uno de enero de 2015.

Además, se ha producido un traslado de gasto en papel del sector privado en perjuicio del presupuesto público. La implantación directa de la presentación telemática únicamente para los profesionales privados ha determinado que las copias de demandas y escritos que hasta ahora tenían obligación de aportar para las demás partes, estén teniendo que ser imprimidas por los juzgados.

Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia piden al Ministerio que impulse «con carácter urgente» una disposición normativa que limite la obligatoriedad de presentación telemática que impone la ley y abrir así un período transitorio suficiente para poder implantar Lexnet con las garantías adecuadas en la totalidad de los órganos de modo homogéneo en un término razonable.