Un ex consejero de Economía de la Generalitat de Pujol negocia un pacto con la Fiscalía en el caso Pretoria

Alavedra es uno de los políticos acusados en el juicio del caso Pretoria , una vista oral que enjuicia una trama que corrompió la actividad urbanística de tres municipios del área metropolitana de Barcelona –Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona- entre los años 2001 y 2009. Alavedra ocupó el cargo de consejero de Economía de la Generalitat entre 1990 y 1997; Jordi Pujol fue «president» durante 23 años: desde 1980 al 2003.

El supuesto líder de la red corrupta fue Luis Andrés García Sáez , un antiguo diputado autonómico del Partido Socialista Catalán (PSC), conocido como Luigi, que utilizó sus influencias sobre cargos políticos y funcionarios para cobrar comisiones ilícitas y manejar a su antojo las decisiones urbanísticas en estos tres municipios en la era del ladrillo.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, Alavedra, de 83 años de edad, aprovechó su ascendencia política para influir sobre cargos públicos y funcionarios de los municipios de San Andrés de Llavaneras y Badalona, y se concertó con Luis Andrés García Sáez para manipular contratos y cobrar « cuantiosos beneficios ilícitos », una labor en la que participó otro hombre fuerte de la Convergència de Jordi Pujol: el antiguo secretario de Presidencia de la Generalitat entre 1980 y 1990 Lluis Prenafeta, también acusado en la vista oral.

El Ministerio Público argumenta que Alavedra ocultó unos seis millones de euros durante once años procedentes de actividades ilícitas, aunque se desconoce el origen de 4,8 millones de euros. De ese dinero, 637.000 euros provenían de sus labores para corromper las adjudicaciones públicas analizadas en esta vista oral en San Andrés de Llavanares (la adquisición de dos fincas para venderlas después de su recalificación, manipulada por la trama) y Badalona (intermediación en la venta de unos terrenos públicos muy atractivos, entre ellos una parcela edificable colindante con la zona donde iba a ubicarse el puerto deporitvo).

Tanto Alavedra como Prenafeta también están acusados de blanquear el dinero que acumularon con estas actividades delictivas gracias a la participación de sus esposas, la fallecida Doris Malfeito y María Lluisa Mas Crusells respectivamente. Los dos antiguos altos cargos de Convergència se dedicaron, según la Fiscalía, a ocultar sus ganancias y a reinventarlas para repatriarlas a España. Prenafeta recaudo 14,9 millones de euros entre los años 2000 y 2007, de los que 637.000 procedían de estas comisiones.

En esta labor de lavado de dinero los dos contaron con la colaboración de los también acusados Gloria Torres y Philip Mc Mahan Bolic, quienes también han pactado con Anticorrupción: ambos reconocerán los hechos que les atribuyen a cambio de ver rebajada su petición de pena por ese blanqueo de capitales. El Ministerio Público solo solicitara seis meses de prisión para Torres y Bolic si reconocen los hechos y satisfacen las multas pedidas, de 315.000 euros y 2,2 millones de euros respectivamente. Torres ya abonó la suya antes de la vista. Su letrada ha solicitado que ambos sean los primeros en ser interrgados en el juicio.

Anticorrupción considera que los hechos relatados –la manipulación de las adjudicaciones públicas, el cobro de comisiones ilegales, la presión sobre los funcionarios implicados y la ocultación de las ganancias– son constitutivos de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Aun así, la fiscal tampoco descarta incluir sobre la marcha de la vista los de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, falsedad y cohecho , según ha anunciado en la primera sesión, en la que ha solicitado aportar nuevos documentos como prueba.

Los abogados defensores han comenzado planteando la nulidad de unas escuchas incorporadas a la investigación y denunciando que la Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar los hechos. Los letrados buscan con ello evitar el juicio.