El Congreso aprueba el techo de gasto y da oxígeno al Gobierno

El debate estuvo marcado por el cambio de postura del PSOE, que sí aprobó el techo de gasto de 2017. «¿Qué ha pasado desde diciembre para no apoyar este techo de gasto?», preguntó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la bancada socialista. Y él mismo se contestó: «Que un espíritu ha llegado», en referencia al retorno de Pedro Sánhez a la Secretaría General.

La portavoz socialista, Margarita Robles, criticaba por la mañana el oscurantismo con el que se había desarrollado la negociación. El portavoz económico de los socialistas en el Parlamento, Pedro Saura, fue muy claro al asegurar que el voto contrario de su partido se sustenta en su rechazo a la figura de Montoro. «No puede dar lecciones a nadie porque la sentencia dice que no tiene principios para poder gestionar los recursos públicos. Está inhabilitado para dar lecciones a nadie», señaló Saura.

Para este nuevo techo de gasto, que crece un 1,3 por ciento hasta los 119.834 millones de euros, el Ejecutivo ha logrado concitar los votos necesarios negociando de nuevo. Para satisfacer al PNV y los nacionalistas canarios Montoro ha aumentado una décima el déficit de las Comunidades para los dos próximos años (2.000 millones en total). También permitirá a las autonomías que su superávit pueda dedicarse a inversiones productivas financieramente sostenibles y recibirán 1.200 millones de euros más de la liquidación de 2015.

Y para convencer a Ciudadanos el Gobierno se ha comprometido a una rebaja del IRPF para las rentas más bajas. Pese a ello, el objetivo de déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se mantiene en el 2,2 por ciento para 2018, ya que el margen concedido por el ministro de Hacienda, según explicó, procederá de la Seguridad Social.

Montoro sometió también a la aprobación del Pleno una oferta de empleo público extraordinaria de 4.282 plazas que saldrán a concurso entre los años 2018 y 2019. Esta oferta va dirigida a reforzar el personal de la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Inspección de Trabajo, oficinas de DNI y Dirección General de Tráfico para elevar la lucha contra el fraude y la mejora de los servicios públicos.