Renovación del CGPJ: El choque Sánchez-Casado atasca una negociación ya encarrilada

Aunque desde el Gobierno se está dando prácticamente por hecho que las conversaciones llegarán a buen puerto coincidiendo con esa fecha, en el Partido Popular recuerdan que no hay ni habrá negociación alguna mientras no se cumplan las tres condiciones que ha puesto Pablo Casado : que Podemos no esté sentado en esa mesa, que se retire la proposición de ley que PSOE y Unidas Podemos presentaron en el Congreso y que pretende reducir la mayoría cualificada en la elección de los vocales del CGPJ y que el perfil de los nombrados sea eminentemente técnico y desvinculado de la política. El acercamiento del Gobierno a Bildu supone ahora otro palo en las ruedas en el entendimiento entre Sánchez y Casado para la renovación de las instituciones.

De las tres condiciones, la que a día de hoy parece más complicada de cumplir –por cuanto supondría que Sánchez admite su error– es la retirada de la polémica reforma, que se ve como una amenaza para presionar al PP con su reactivación si la negociación no sale adelante. Casado se muestra tajante en este punto y cuenta, además, con el apoyo de los organismos europeos que advirtieron a España del peligro de su reforma para la división de poderes. Sánchez fue consciente de este toque de atención, que fue el verdadero motivo por el que la proposición de ley fue aparcada.

Respecto a las otras condiciones, ninguna de ellas es de imposible cumplimiento: desde Justicia ya hace semanas que recuerdan que la presencia de Podemos en la negociación está desc artada desde el momento en que es el ministro Juan Carlos Campo quien llevaría personalmente las riendas de esa renovación con el portavoz de Justicia del PP, Enrique López, con quien le une una buena amistad. El PSOE también estaría dispuesto a elegir a candidatos jurídicamente solventes y sin vínculo alguno con la política, en la línea de la propuesta de despolitización de la justicia planteada por el PP hace unas semanas.

Fuentes populares reconocen que tampoco ayuda a la negociación la retransmisión de cualquier contacto informal que Campos y López han podido mantener en el marco de la «buena relación» que les une. Si algo quedó claro tras la renovación frustrada de diciembre de 2018 (en la que participaron Rafael Catalá, por parte del PP, y la exministra de Justicia y hoy fiscal general, Dolores Delgado) es que la discreción es fundamental para que el acuerdo llegue a buen término. En aquella ocasión, a punto de ultimarse el pacto para la renovación, el mensaje del senador Ignacio Cosidó hablando del «control de la Sala Segunda desde atrás» lo hizo saltar por los aires con la renuncia del presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena.

Lo cierto es que una vez despejado el panorama político, la elección de candidatos no iba a plantear muchas dificultades al estar ya encarrilada. El acuerdo pasaría por un reparto equilibrado del CGPJ, de forma que estarían representadas en él las sensibilidades de los dos principales partidos con la elección de diez vocales cada uno. El presidente, que según la ley tienen que elegir los propios vocales en el pleno de constitución del órgano, sería un perfil consensuado entre las dos formaciones.

La magistrada del Tribunal Supremo Pilar Teso es una de las posibles candidatas del Gobierno, junto con Ana Ferrer, que siempre ha estado en las quinielas. También lo están el actual presidente y la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas y Encarnación Roca, respectivamente. La elección de los dos últimos está supeditada a que la renovación del Consejo coincida con la del Tribunal Constitucional, porque estos dos magistrados, junto con Andrés Ollero y Fernando Valdés (este ya ha renunciado al cargo tras abrirle un causa por presunto maltrato), deben abandonar el TC al haber vencido ya su mandato. Los cuatro pertenecen al tercio cuya renovación corresponde al Congreso de los Diputados.

El proceso de renovación de los doce vocales jueces –a la que afectaba la reforma que pretendía rebajar la mayoría cualificada de tres quintos en su elección– ya se inició en su momento, en el verano de 2018, meses antes incluso de la fecha en la que vencía el mandato del actual Consejo. Aunque las Cámaras se disolvieron con la convocatoria de nuevas elecciones, el proceso de elección de jueces es independiente del de los ocho juristas, que sí está vinculado a la actividad parlamentaria. De los 51 togados que las asociaciones judiciales presentaron entonces, 49 continúan la carrera hacia al Consejo. De ellos parten como favoritos la exdirectora de la Escuela Judicial –y mujer de Pablo Llarena– Gema Espinosa, la juez de Violencia de Género Inmaculada Montalbán , el juez de lo Mercantil José María Seijo y el de refuerzo en la Audiencia Nacional Alejandro Abascal. Suena el nombre de Ignacio Espinosa (TSJ de La Rioja) y se da por hecho que estarán los magistrados del Supremo Ángel Arozamena y José Antonio Montero.

Respecto a los ocho juristas cualquier acuerdo entre PSOE y PP estaría supeditado a la elección de perfiles técnicos, sin afinidad ni cercanía a ningún partido. Estarían excluidos así perfiles como el del juez José Ricardo de Prada –el de las alusiones a la «caja B» del PP en Gürtel– o el de Victoria Rosell, antaño diputada de Podemos.