Choque frontal por los decretos en campaña entre PP y PSOE

Desde el PP ya se avanzó el viernes que estudian diferentes posibilidades legales para evitar que Sánchez lleve estos decretos a la Diputación Permanente. Las posibilidades legales son limitadas, más allá del recurso a la Junta Electoral Central. Por eso Pablo Casado anunció ayer su intención de que si llega al Gobierno propondrá una ley para que «no se pueda utilizar el mecanismo de los reales decretos para hacer campaña gastando el dinero del contribuyente» . Aunque reconocía implícitamente que los decretos ley que ahora apruebe Sánchez no podrán ser frenados: «Hasta entonces, lo que tenemos que hacer es denunciarlo» .

La respuesta del PSOE no se hizo esperar, en boca del secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que defendió que el Gobierno actúe hasta el último día porque sería una «irresponsabilidad dejar que el tiempo transcurriera sabiendo que hay tantas cosas que arreglar». Y pasó a la carga asegurando que el Gobierno de Rajoy aprobó 121 decretos antes de la campaña de 2015

Pero existe trampa en esa comparación. Rajoy utilizó el decreto-ley solo en dos ocasiones. Esas 121 ocasiones a las que se refería Ábalos es el decreto. Mientras que el decreto-ley dicta disposiciones legislativas, el decreto tiene el rango de un reglamento. Es una fórmula jurídica para ejecutar lo previamente legislado .

Pero existe además otra gran diferencia. Y es que Rajoy utilizó esta herramienta legislativa después de tener aprobados unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Con la correspondiente previsión de ingresos. Pero en la actual situación, el Gobierno tiene como vehículo financiero unos Presupuestos prorrogados, los aprobados por Rajoy en 2018 antes de la moción de censura. Fracasada la votación de Presupuestos, Pedro Sánchez se decidió a convocar elecciones generales pero a recurrir al decreto-ley y al decreto para seguir aprobando medidas hasta la fecha de las elecciones. Y aunque este recurso no es ilegal, existen dos importantes consideraciones: el Gobierno solo está aprobando medidas de gasto, sin tener detrás un sostén presupuestario que amortigüe el coste por el lado de los ingresos . Además, el artículo 86 de la Constitución Española regula el uso de los decretos-leyes en caso de «extraordinaria y urgente necesidad».

Y es ese carácter de urgencia y necesidad lo que esencialmente está criticando la oposición. Incluso Podemos, principal aliado del Gobierno, ha manifestado su incomodidad con esta forma de gobernar. Al estar disueltas las Cortes, estos decretos-leyes tienen que convalidarse en la Diputación Permanente.

En una votación a todo o nada, en la que no existe la posibilidad de aprobar la tramitación como proyecto de ley, lo que abre la posibilidad al resto de grupos parlamentarios de registrar modificaciones. Esa posibilidad existe con las Cámaras a pleno rendimiento.