La plaza de Garzón, a quien reemplazó Ruz, queda vacante y saldrá a concurso

Esta comisión, que se reunirá de forma ordinaria el próximo martes, recibirá en las próximas horas formalmente el fallo del Supremo, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, al ser el órgano administrativo al que corresponde oficializar la sentencia que supone para Garzón la pérdida de su condición de juez y con ella los honores y reconocimientos que acompañan al cargo.

Esa separación de la carrera no sólo pone fin a más de 30 años de ejercicio judicial de Garzón (22 años en la Audiencia Nacional) , sino que además tendrá consecuencias también en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que hasta ahora era titular.

Desde que Garzón fue suspendido cautelarmente por primera vez de sus funciones por el Poder Judicial, cuando el 14 mayo de 2010 el Supremo le abrió juicio oral por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, su juzgado en la Audiencia Nacional lo dirige el magistrado Pablo Ruz en comisión de servicios. Ahora esa plaza saldrá de nuevo a concurso y podrán optar a ella magistrados de toda España y la Comisión Permanente del CGPJ será también la encargada de elegir el idóneo entre los aspirantes por criterios de antigüedad y experiencia.

Garzón, a quien el Supremo también ha juzgado ya por la investigación de los crímenes del franquismo, tiene todavía otra causa más abierta en el Alto Tribunal: la que investiga los patrocinios de los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York durante 2005 y 2006.

El instructor de esta causa, el magistrado Manuel Marchena , que también formó parte del tribunal que ha condenado a Garzón por las escuchas a la trama "Gürtel", puso fin a la instrucción el pasado 27 de enero en un auto notificado en el que transformó las diligencias en procedimiento abreviado y le imputó un delito de cohecho impropio.

No obstante, la causa aún está en fase de recursos y no se ha dictado el auto de apertura de juicio oral, una decisión que aún tiene pendiente Marchena, y que podría verse condicionada también por la separación de Garzón de la carrera judicial, ya que esa expulsión supone también que pierde su condición de aforado.

Si Marchena considera que aún así Garzón debe ser juzgado en el Supremo porque los hechos que se le imputan se produjeron cuando todavía ostentaba el aforamiento que le otorgaba su condición de magistrado, podría decidir dictar entonces la apertura de juicio oral.

También existe la posibilidad de que el magistrado del TS remita la causa a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla si entiende que, al dejar de ser aforado, debe ser la jurisdicción ordinaria la que asuma el procedimiento abierto a raíz de la querella presentada contra Garzón por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón. No obstante, otra posibilidad es que Marchena decidiera archivar la causa si prospera alguno de los recursos pendientes. En este caso, como en los otros dos, la defensa y la Fiscalía han pedido la absolución.