El CGPJ autoriza a Gómez de Liaño a ejercer de nuevo como juez a partir del próximo julio

El resultado de la votación final, doce votos contra nueve, fue de nuevo sintomático de la división existente en el órgano de gobierno de los jueces ya que, frente al criterio de la mayoría, la minoría progresista juzgó necesario que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, encargada de enjuiciar y condenar a Liaño y órgano competente para ajecutar el indulto que le concedió el Gobierno en diciembre de 2000, emita un informe sobre cómo debe aplicarse la medida de gracia. De otro lado, y en el estricto ámbito de competencias administrativas del CGPJ, la minoría estimó que, en cualquier caso, deben transcurrir cinco años para cancelarse los antecedentes penales antes de que Liaño vuelva a ejercer. La minoría progresista -a la que se sumó el vocal no asociado Agustín Azparren al votar contra el reintegro inmediato de Liaño-, anunció un voto particular contrario al acuerdo.

Las tesis de la mayoría , expuestas principalmente por el consejero José Luis Requero y a las que se sumó el vocal propuesto por CiU Alfons López Tena, partían de la base de que Gómez de Liaño perdió su condición de juez tras la condena que le fue impuesta y que, en virtud del indulto del Gobierno, la recuperó. Por tanto, los vocales de la mayoría consideraron que legalmente el reintegro es «automático» y que no debe estar condicionado a un examen de ingreso en la Carrera Judicial.

Sentada esta premisa, la cuestión jurídica que discutió el CGPJ fue cuándo debe producirse el reintegro: si de inmediato o tras la cancelación de los antecedentes penales. Partiendo de la idea de que no es posible una «rehabilitación administrativa» y de que la pena ha sido indultada, la mayoría llegó a la conclusión de que no es preciso condicionar el reintegro a la cancelación. Así, argumentó que, pese a que el indulto no supone de facto la cancelación o perdón de los antecedentes penales, ello no obsta para su reingreso inmediato a la carrera puesto que no se está ante el caso de una persona que accede a la Carrera, sino de un juez que, tras dejar de serlo, lo ha vuelto a ser por efecto de una medida de gracia legal, firme y ejecutiva. El CGPJ dice que no puede cuestionar el indulto ni adoptar decisiones gubernativas que mermen su eficacia.

De otro lado, el debate giró también en torno a si jurídicamente es posible que un juez ejerza la jurisdicción pese a contar con antecedentes penales no cancelados, en este caso derivados de un delito de prevaricación dolosa. A este interrogante, la mayoría del CGPJ respondió afirmativamente ya que no lo impide la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial llevada a cabo en 1994 durante el mandato de Juan Alberto Belloch como titular de Justicia.

La interpretación de esta reforma hecha ayer por el Pleno el CGPJ le permitió aceptar la posibilidad de que jueces condenados por delitos dolosos puedan mantener su condición de miembros de la Judicatura y continuar su ejercicio una vez extinguida la pena, siempre que esta no fuera privativa de libertad o, si lo fuera, no superase los seis meses.

La decisión del CGPJ no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo por quien tenga «interés legítimo» o se sienta perjudicado. Tras casi cinco años sin ejercer, Liaño esta obligado a solicitar destino en el próximo concurso, previsto para junio o julio y tendrá alta en el escalafón desde la fecha de ayer. Liaño expresó su satisfacción y agradeció tanto el «acto de justicia» del Gobierno como el apoyo prestado «por todos los que han confiado en mí».