Catalá tiende la mano a los partidos para la «inaplazable» reforma de la Justicia

El ministro ha recordado que hay una demanda social y política unánime para esta transformación, que ha definido como «la reforma pendiente desde la Transición». A su juicio, hay una coincidencia en la línea de salida y es preciso «articular una verdadera respuesta del Estado».

Entre sus propuestas para lograr una justicia más ágil y eficaz Catalá ha abogado por la reforma del sistema procesal penal , para dejar la instrucción de las causas en manos de los fiscales, y limitar al máximo la fase de investigación, de forma que se practiquen las diligencias imprescindibles para apuntalar los indicios de delito y que el juicio se celebre de manera inmediata. En este contexto, Catalá ha recordado el importante papel del juez de garantías en esta fase de investigación (pues se encargaría del control jurisdiccional) y la necesaria reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. También en aras de una justicia más ágil ha abogado por la mediación y el arbitraje como mecanismos alternativos a los pleitos.

El ministro cree que no solo el aumento de la plantilla judicial y fiscal contribuye a una justicia más eficaz, sino que es preciso también una mejor gestión de los recursos disponibles , reparto de las cargas de trabajo o especialización para atender mejor nuevas formas de delincuencia (ciberdelitos) o a colectivos especialmente vulnerables, como los discapacitados.

La completa implantación digital de la justicia , la participación de todos los operadores jurídicos en esta transformación y un Registro Civil público y gratuito son otras de las propuestas que ha formulado Catalá, quien ha hecho especial hincapié en la lucha contra la corrupción. En este apartado ha propuesto limitar los aforamientos relativos a los aproximadamente 2.000 cargos políticos que hoy tienen la condición de aforados o articular por ley los indultos a condenados por corrupción, lo que en la práctica ya se está llevando a cabo.

Como ha adelantado ABC, el ministro ha recordado que «hemos pasado de un ya escaso 6,6% de concesiones en 2012 a un 1,24% de indultos concedidos en 2015». «En estos últimos dos años no se ha concedido ni un solo indulto a nadie que haya sido condenado por algún delito relacionado con la corrupción (tampoco con la violencia de género, familiar o accidentes de tráfico)», ha dicho. A su juicio, al negarse indultos a corruptos «se refuerza el valor de un principio que debemos rescatar en el ejercicio de la política: la ejemplaridad».