La Audiencia Nacional amplía el plazo máximo para investigar la caja B del PP hasta 2020

Esta ampliación del plazo máximo, que ha contado con la oposición de la Fiscalía Anticorrupción, no significa que tenga que agotarse y es compatible con la llegada del juicio de la parte ya cerrada de esta investigación. El juez abrió juicio oral contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta (fallecido recientemente), así como al exgerente de la formación Cristóbal Páez, y tres empleados de Unifica, la empresa que realizó la reforma de la sede del partido por los pagos y manejos realizados con la caja B del partido, una contabilidad paralela acreditada en la causa. Aunque esa pieza se cerró y elevó a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento , todavía no se ha señalado la fecha del juicio oral, una vista que devolverá la contabilidad opaca del partido a la atención de la política española.

La parte de la causa pendiente de juicio alude a los supuestos pagos en negro de las obras de la sede central del PP , en la madrileña calle de Génova, y la presunta financiación con dinero negro de la ampliación de capital del medio Libertad Digital, dos cuestiones que la Audiencia Nacional analizará para considerarlos o no probados. El magistrado envió esas sospechas a juicio sin ser capaz de probar los supuestos pagos de empresarios al partido y los sobresueldos a políticos, u n supuesto círculo de donaciones irregulares al PP a cambio de favores que archivó por ausencia de indicios suficientes.

En paralelo a esas cuestiones, el juez De la Mata reabrió la causa en marzo del año pasado tras las revelaciones del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, en el juicio de la primera época de la red corrupta. Sin concretar sus acusaciones, Correa manifestó que se repartió comisiones con Bárcenas por intermediar en la concesión de contratos del Estado a grandes empresas constructoras del país. Citó a OHL y ACS, dos compañías que se querellaron contra él. También admitió haber pagado comisiones a cargos del PP a cambio de adjudicaciones irregulares a favor de las firmas de su entramado.

El otro imputado que declaró tras sus expresiones en el juicio fue el empresario Alfonso García-Pozuelo , quien en el juicio a la Gürtel reconoció que abonó 1,5 millones de euros a Correa, a Bárcenas y al exdiputado por Segovia Jesús Merino en 2002 y 2003, también a cambio de adjudicaciones públicas, en este caso en Castilla y León, que fueron destinadas a «organismos centrales» que no especificó. García-Pozuelo también se negó a declarar ante De la Mata y no ratificó esa confesión. Tanto Correa como el empresario consideran que son dos causas diferentes, a pesar de que ambos procesos son piezas de la misma investigación común a la Gürtel.