Asuntos Internos cifra en más de 4 millones el beneficio de la trama de extorsión a venezolanos

Este asunto se investiga en el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid al que la juez de la Audiencia Nacional María Tardón remitió una pieza separada de la macrocausa sobre el expolio de la petrolera estatal venezolana Pdvsa al detectar hechos que se salían del objeto de su investigación: Transferencias con fondos sospechosos a personas que habían sido denunciadas o señaladas por extorsionar a parte de los venezolanos que tiene imputados por blanqueo.

Tras varios meses de investigación bajo secreto en torno a los indicios que en la Audiencia Nacional había ido recogiendo la UDEF, en febrero se produjo la detención del considerado cabecilla de la red en España, el «exmilitar israelí vinculado a los servicios de información» conocido como «Avi», así como de sus supuestos colaboradores: un inspector Jefe de la Policía Nacional, su mujer y un abogado. Pesaba orden de detención igualmente sobre un miembro de la Policía Local de Madrid, pero no llegó a efectuarse. Al conocer el asunto, se puso a disposición del juzgado.

Sin embargo, los investigadores miran también al otro lado del charco. Sitúan al conocido lobista venezolano Martín Rodil, afincado en Estados Unidos, como líder de la supuesta organización. No ha sido llamado al procedimiento, pero Asuntos Internos, como la Fiscalía Anticorrupción, le describen como «sujeto central de la trama». Exponen que desde una posición de «analista de seguridad», tiene «contactos con diversos cuerpos de seguridad de España y EEUU» y hace valer conexiones con «sujetos de altas esferas» de Venezuela para que «colaboren con las autoridades» de ambos países «a cambio de protección o condiciones privilegiadas» con comisiones de por medio.

Su «persona de confianza» en España era Avi, que ante la Policía se definió como «consultor» pero, según los investigadores, se predica en otros ámbitos como vinculado a la inteligencia israelí. Uno de los venezolanos imputados por blanqueo en la Audiencia Nacional que sería víctima de la trama, Javier Alvarado, contó a los investigadores que acabó en sus manos por indicación de Martin Rodil. Avi le informó de que pesaba sobre él una orden de detención emitida por Venezuela en Interpol y le pidió 1,5 millones de euros para solucionarle el problema.

Este venezolano, exdirectivo de una empresa pública energética, decía que Avi había pagado 40.000 euros en Hong Kong que iban destinados a «los policías que se encargaron de chequear las bases de datos policiales u obtener el DNI que le habían prometido» pero cuando decidió no encargarle más servicios, «comenzó un esquema de extorsión en el que decía que podía tener problemas con la nacionalidad o la residencia si no pagaba» y que ya «no sería protegido». Según otro de los detenidos, lo que pagó Alvarado a Avi ascendería a medio millón de euros cada semestre bajo coacción y por servicios inexistentes.

Otro de los venezolanos afectados, Carlos Luis Aguilera Borjas, miembro del Sebin y en tiempos escolta de Hugo Chávez, lo que declaró es que Martin Rodil «se dedicaba a generar problemas aprovechando sus relaciones o conexiones con las administraciones de los EEUU y España a las personas que eran de su interés con la finalidad de posteriormente ofrecer su ayuda para resolverlo solicitando para ello una retribución económica». Añadía que le pidieron dos millones de euros en reuniones en Madrid con los dos policías imputados y el propio Avi.

«Constituía la cabeza visible en España de la organización dirigida por Martin Rodil habiendo participado en la totalidad de actos investigados, los cuales irían desde la satisfacción de servicios ilícitos de asesoramiento y protección a los ciudadanos de origen venezolano asentados en España (...) al empleo de los instrumentos y entramados para blanquear capitales de la organización, a fin de cobrar por los servicios prestados, pasando por amenazas veladas a los prestatarios de sus servicios cuando estos pretendían prescindir de los mismos», dice Asuntos Internos sobre el exmilitar israelí.

Los informes apuntan a que «ofertaba servicios de protección a dichas personas, monitorización de bases de datos policiales para conocer si alguno de estos se encontraba siendo investigado e incluso la agilización en trámites de extranjería o de obtención de la nacionalidad española», extremos estos que negó tras su detención, enmarcando lo suyo en prestación de servicios que eran contratados por las empresas de Martin Rodil. Entre ellos, la búsqueda de un bufete para asesoría jurídica cuyo principal letrado ha sido también detenido.

Pero la imputación lo es también porque según Anticorrupción, «puso a disposición las sociedades que posee en España y en el extranjero para el trasvase de fondos vinculados a ciudadanos venezolanos que ya estaban o empezaban a ser investigados en su país por el desfalco de Pdvsa, t ransacciones que serían opacas por el funcionamiento del entramado montado prácticamente en su totalidad por el portugués Hugo Ramalho mis y el argentino Luis Fernando Vuteff, expertos en blanqueo«. Estos dos nombres son parte de la génesis de la macrocausa en España sobre Pdvsa.

Las averiguaciones patrimoniales sobre el exmilitar israelí arrojan «multitud de discrepancias» entre los fondos recibidos y los servicios prestados que los justificarían. Los investigadores estiman que «habría recibido capitales por un importe superior a los dos millones y medio de euros» por esas gestiones y buena parte del dinero le habría llegado directamente de Martin Rodil: Cobró seis millones de empresas vinculadas con el exviceministro venezolano Nervis Villalobos y luego envió transferencias a sociedades de Avi y del miembro de Policía Nacional investigado.

Sobre este inspector jefe, el exmilitar israelí refirió una relación de amistad y una sociedad compartida en la que le tiene como «analista» y en esa calidad, le recomendó a sus clientes venezolanos. Dijo desconocer cuánto cobró por aquellas gestiones, pero Asuntos Internos tiene claro en cualquier caso que era un policía en activo. Él, por su parte, negó haber prestado servicio alguno aunque sí reconoció la «amistad» y esa empresa compartida. La Agencia Tributaria indica en sus informes que este funcionario policial y su mujer disfrutaban de un tren de vida que dista mucho de sus ingresos declarados. Los investigadores cifran en al menos 850.000 euros el dinero cobrado de la trama.

La causa se encuentra en una fase preliminar y tras las detenciones, se espera el análisis de la documentación intervenida en soporte papel o en dispositivos informáticos. En el radar están también un Ertzaina jubilado que en las fechas de los hechos, en torno a 2015, se desempeñaba en la Secretaría de Estado de Seguridad y un funcionario, presumiblemente de Hacienda, del que constan pagos y reuniones. Figuran asimismo dos policías de Extranjería por cuyas manos pasaron los trámites de residencia del grueso de venezolanos que se sitúan como potenciales víctimas. Sin embargo, en todos estos casos aún no se ha esclarecido su participación concreta en los hechos.

Entre tanto, la juez Cristina Díaz, ha ordenado embargar once vehículos e inmuebles, saldos en veinte bancos y sociedades de inversión y el bloqueo entre otras, de una empresa de importación de metales preciosos por sus vínculos con las personas investigadas.