Anticorrupción sospecha que González obtenía información reservada de policías

Anticorrupción desgrana las prácticas de González y su hombre de confianza, Edmundo Rodríguez Sobrino , en un escrito de 21 de febrero en el que solicitaba que se dirigiera el procedimiento contra el presidente de «La Razón», Mauricio Casals , y el director del periódico, Francisco Marhuenda , por los presuntos delitos de coacciones a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes , u obstrucción a la Justicia. El juez Eloy Velasco decidió archivar la investigación contra ambos tras tomarles declaración el 25 de abril.

Pero es en ese escrito previo donde el Ministerio Público atribuye a González y a Rodríguez, entre otros, un ejemplo claro de «práctica criminal mafiosa», en referencia al posible uso que habrían hecho de los medios de comunicación para protegerse frente a la acción de la Justicia y a la utilización de información privilegiada.

«Para cumplir sus fines ilícitos -dicen- han buscado protección frente a un eventual descubrimiento y persecución de los hechos ejecutados con la finalidad de que sus acciones delictivas queden impunes». Es una de las tres líneas de actuación que atribuyen a la trama. Las otras dos, como se sabe, serían aprovecharse de su posición en la administración pública madrileña para enriquecerse y hacer aflorar ese millonario capital desviado y oculto.

«Los investigados -continúan los fiscales- están haciendo uso de sus influencias en el seno del Canal de Isabel II para obtener informaciones internas que les permitan conocer las eventuales acciones judiciales iniciadas por la operación de compra de la sociedad brasileña Emissao». Y van más allá al sostener que «mantienen relaciones con un sector del Cuerpo Nacional de Policía (no identificado plenamente hasta el momento) del que parecen obtener informaciones reservadas y que pueden ser de interés para los intereses judiciales que les atañen».

Este escrito se ha conocido íntegramente tras alzarse el secreto de una parte del sumario de Lezo. Una vez que se destapó la operación, el 19 de abril, trascendieron las supuestas maniobras de una «magistrada amiga» que habría revelado a González a través de Mauricio Casals que les estaban investigando, según se desprendía de varias conversaciones interceptadas meses antes.

Anticorrupción recogió de este modo esas artimañas, que tampoco han podido ser esclarecidas hasta el momento: «Tratan de hacer uso de indiciarias influencias dentro de la carrera judicial para tratar de constatar la existencia del procedimiento judicial y conocer las medidas de investigación acordadas en el mismo, hasta el punto de que ponen de manifiesto que sus teléfonos pudieran estar "pinchados" porque se lo ha dicho una magistrada amiga (sin identificar)».

A finales de mayo, el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid abrió diligencias para investigar «qué magistrada de la Audiencia Nacional está detrás de esa filtración y, por tanto, ha podido incurrir en un delito de revelación de secretos», según recoge el auto. La denuncia la presentó Contrapoder .

González y su hombre de confianza evidenciaron para preocupación de los investigadores que se sabían perseguidos y trataban a toda costa de conseguir información privilegiada. Un calco de lo que hace cualquier organización criminal. «Demuestran un alto conocimiento de las instancias judiciales y alardean de la relación que les une con algunos miembros de la carrera judicial o fiscal, sin que hasta el día de la fecha -escribieron los fiscales en febrero- se haya podido concretar si realmente tienen capacidad efectiva para influir en los mismos.