Anticorrupción pide la imputación de Aguirre por la reducción «ilegal» de camas del Hospital Puerta de Hierro

La causa se sigue en el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, donde la juez Mónica Aguirre abrió causa tras una querella de Anticorrupción presentada en diciembre de 2020 y fruto de dos años de investigación previa contra Elena de Mingo, que fue directora General de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios en Madrid entre 2008 y 2011.

Durante su declaración ante el juez, De Mingo argumentó que la decisión era oportuna y la propuesta de modificado que ella elevó se tramitó en 2015, cuando ni ella ni Aguirre estaban ya en la administración autonómica, tal y como informaron a ABC en fuentes jurídicas. Asimismo, señaló que el objetivo era homogeneizar los hospitales de la región de manera que los de Majadahonda no estuvieran en peores condiciones que el resto y contasen con habitaciones de uso unipersonal pero con capacidad para dos camas, por si llegase a hacer falta.

En todo caso, expuso que una persona con su rango dentro de la administración no habría podido adoptar un cambio de tal calado en la gestión del hospital por su propia cuenta y riesgo , tal y como informaron a ABC en fuentes jurídicas. Insinuaba así, sin llegar a apuntar directamente a Aguirre, que la decisión venía necesariamente de arriba.

Hasta ahora, De Mingo es la única investigada, si bien junto a la imputación de Aguirre la Fiscalía Anticorrupción pide que se cite a varias personas, incluido el entonces consejero Juan José Güemes, que tuvieron relación o conocimiento de los hechos junto a otra batería de diligencias . La juez aún no ha resuelto la solicitud, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por este diario.

Los hechos tienen origen en una modificación del contrato de concesión de obra pública firmado en 2005 en favor de Hospital Majadahonda S.A., una agrupación entre Dragados, Bovis Lend Lease y Sufi. Ya en el año 2008, hasta 135 habitaciones del hospital que en aquel contrato figuraban como dobles, pasaron a individuales, con la consiguiente reducción de camas. El cambio se hizo «prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación».

Para avalar jurídicamente aquella decisión, la Consejería de Sanidad que entonces dirigía Juan José Güemes se apoyó en una supuesta resolución dictada por Dirección General que comandaba De Mingo «a requerimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid». Sin embargo, durante las pesquisas la Fiscalía Anticorrupción constató que aquella resolución «no existió», como tampoco una orden expresa y por escrito. Esa es la razón de que se cite a Aguirre a declarar y también de que su condición sea la de investigada.

«Sin perjuicio de la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo, se debióde haber reestablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos«, explicaba la querella de la Fiscalía.

En este sentido, añadía que «no existe una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto , con lo cual la Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros».