Agentes cumplen la orden de Bildu e impiden a los escoltas acceder al Ayuntamiento de Andoain

Asunción Guerra registró la moción y salió del edificio, momento en el que se encontró con un edil del PSE/EE con el que se dirigió al despacho del Jefe de la Policía Municipal de Andoain para pedirle explicaciones. El responsable de la Policía local les explicó que el agente cumplía el mandato de la alcaldesa, avalado por un informe jurídico redactado por el secretario del Ayuntamiento.

Los dos ediles regresaron a la Casa Consistorial, en cuyo acceso había dos agentes de la Policía Municipal, quienes de nuevo impidieron el paso a los escoltas de ambos cargos municipales. Uno de los escoltas explicó que su labor era garantizar la seguridad de los ediles , por lo que ha pedido al policía que los acompañase dentro del edificio consistorial, a lo que el agente ha accedido.

Los dos concejales se han reunido con el secretario para conocer de primera mano el informe jurídico emitido sobre la orden dictada la semana pasada por la alcaldesa , que impide el paso de los escoltas privados en todos los edificios municipales de Andoain. El informe establece que dentro de los edificios municipales compete a la alcaldesa «dictar las resoluciones oportunas para garantizar la seguridad de los lugares públicos».

El secretario advierte en su informe de que recae sobre la alcaldesa la «responsabilidad exclusiva» de «cualquier problema que se produzca a las personas en general y en concreto a los concejales que se deriven de la falta de seguridad en la Casa Consistorial o en otros edificios públicos a los que se prohíba la entrada a los escoltas armados». El informe alude al artículo 146 del Real Decreto 137/1993, sobre el reglamento de armas, que asegura que «deberá en general estimarse ilícito el hecho de llevar o usar armas los concurrente a establecimientos públicos y lugares de reunión».

Este reglamento también determina que «queda al prudente criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las armas tiene o no necesidad de llevarlas consigo» en dichos edificios. Este documento avala la legalidad de la decisión de la alcaldesa y recuerda que es responsabilidad de la primera edil «valorar las circunstancias que concurren en el caso relativas a la necesidad de seguridad privada de determinados concejales en el interior de los edificios municipales». Y Recuerda que recae sobre la primera edil la responsabilidad de «garantizar la total seguridad» de los ediles dentro del Ayuntamiento.

La concejal popular ha anunciado que remitirá el informe jurídico del secretario municipal a la Delegación del Gobierno del País Vasco para que analice su legalidad .