Operación antidroga en el Campo de Gibraltar

Abren cuatro juzgados en otoño para paliar el colapso judicial en la lucha antidroga

Justicia crea además plazas de fiscales de refuerzo para combatir a las organizaciones de narcos y desatascar los procedimientos judiciales

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La juez de Algeciras Belén Barranco lo radiografió con precisión en mayo de 2018: las mafias del narcotráfico «junto a sus súbditos y acólitos económicos» se habían adueñado del Campo de Gibraltar. El principio de autoridad se había quebrado. Hace justo un año Interior puso en marcha el plan especial para esta zona con medidas policiales, de seguridad y de inteligencia. En noviembre, el Gobierno dio un paso más y aprobó un plan integral que preveía una inversión de casi 900 millones y la implicación de diez ministerios. Uno de ellos era el de Justicia, que ya ha adoptado algunas medidas y pondrá en marcha las de mayor calado en los próximos meses, conscientes del «cuello de botella» que se ha formado en los órganos judiciales.

En septiembre u octubre empezarán a funcionar cuatro nuevos juzgados: dos en Algeciras, uno en La Línea y otro en San Roque, según adelantaron fuentes del Ministerio a ABC:tres de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción y un juzgado de lo Penal. Además se ha creado una nueva plaza de magistrado para la Audiencia de Cádiz, que ya está operativa.

El segundo eje son los fiscales: se han creado catorce plazas de fiscales que irán destinados a Málaga, Cádiz, Almería, Granada, Ceuta y Melilla, dado el desplazamiento territorial de las organizaciones mafiosas por la presión policial. Está previsto que los fiscales, la mayoría especializados en narcotráfico y corrupción, se incorporen a sus nuevos puestos en diciembre.

«El objetivo es asfixiar a los grupos de delincuencia organizada», explica la ministra de Justicia, Dolores Delgado a ABC. «En este año se ha desplegado una actividad policial frenética pero esas operaciones policiales llevan detrás acciones judiciales y necesitan la coordinación con jueces y fiscales». Delgado lleva un mes y medio reuniéndose con todos los actores implicados para tomar nota de las necesidades que dependen de su departamento y coordinarse con el resto de administraciones. Es el caso de los cuatro nuevos juzgados. Se dotan desde Justicia, pero es la Junta de Andalucía quien tiene que aportar las infraestructuras, es decir, las sedes físicas y los funcionarios al estar transferidas esas competencias.

La ministra, que tiene pendiente aún esa cita, está convencida de que no interferirán cuestiones partidistas. «En Seguridad y Justicia nos tenemos que poner de acuerdo y hacer todo lo posible por mejorar la vida de la gente».

El fiscal jefe del Campo de Gibraltar, Juan Cisneros, reivindicaba con urgencia más órganos judiciales en una entrevista concedida a ABC en febrero. Se habían duplicado y triplicado los detenidos pero los jueces y fiscales eran los mismos. «Va a haber serios problemas. Los órganos judiciales se van a atascar y eso repercutirá en los resultados», advertía entonces Cisneros.

Otra de las decisiones ya aprobadas tiene como objetivo aliviar esa carga de trabajo. El juzgado de Violencia contra la Mujer de Algeciras se ocupará también de los procedimientos en esta materia que hasta ahora tenían atribuidos los de San Roque y La Línea por ser mixtos, de forma que puedan dedicar más recursos a las operaciones antidroga y al resto de asuntos.

Delgado, que fue fiscal antidroga en la Audiencia Nacional entre 1993 y 2004, admite el «sobreesfuerzo» que están haciendo los órganos del Campo de Gibraltar. A principios de julio se reunió con jueces y fiscales en Cádiz donde se ha creado un grupo de trabajo para buscar soluciones a corto, medio y largo plazo. Lo más urgente son medios y personal. Después aumentar la coordinación con Interior y con la Audiencia Nacional para delimitar mejor las competencias, de forma que sea el órgano central el que asuma las macrooperaciones con conexiones internacionales. A largo plazo se estudiará una posible agrupación de partidos judiciales que permitirían compartir medios de los distintos partidos. Este cambio requiere la aprobación del Consejo General del Poder Judicial.

La ministra se ha reunido también con la fiscal general del Estado y con los fiscales Antidroga en las últimas semanas y este lunes lo hizo con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el juez decano, Santiago Pedraz y la magistrada del Juzgado Central 3, María Tardón. El objetivo, el mismo:buscar vías para agilizar la instrucción y el enjuiciamiento de las causas relacionadas con el narcotráfico y el blanqueo de capitales. «Tenemos que ser capaces de solucionar ese atasco y normalizar la situación», reconoce Delgado. Y añade que tal vez sea el momento de revisar las competencias de la Audiencia Nacional, que debe ser el gran tribunal contra el crimen organizado.