Los 17 vetos del Gobierno evitan elevar el déficit público en 1,5 puntos

Si en menos de dos meses las iniciativas vetadas habrían generado ese gasto público, en La Moncloa sospechan que en solo un año de legislatura la quiebra podría estar asegurada, si no se pusiera freno con la ley en la mano. Es la propia Constitución, en su artículo 134.6, y el Reglamento del Congreso los que permiten al Gobierno disponer de una facultad de veto, es decir, de la capacidad de expresar su disconformidad respecto a la tramitación de iniciativas legislativas y enmiendas. Siempre, eso sí, que supongan “un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”.

En esta duodécima legislatura, el Gobierno ha planteado ya 17 vetos a otras tantas iniciativas registradas en el Congreso. Hasta ahora, se han presentado un total de 54 proposiciones de ley de los grupos parlamentarios , siete procedentes de las comunidades autónomas y dos propuestas de reformas de Estatutos (Canarias y Comunidad Valenciana), según la Cámara Baja. El coste de esas 17 iniciativas bloqueadas por el Ejecutivo llegaría, en caso de que se aprobaran, a los 15.077.155.640 millones de euros, según datos de La Moncloa. «Es la mitad del dinero del conjunto de todos los Ministerios» , según advirtió la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. «Si de una tacada se gastan ustedes 15.000 millones, ¿cómo pagamos las transferencias para educación y sanidad a las comunidades? ¿Cómo pagamos las infraestructuras que un Pleno tras otro nos reclaman en esta Cámara? ¿Cómo pagamos todas las subvenciones que dependen de los Presupuestos», se preguntó en el Congreso.

¿Por qué veta el Gobierno? Desde La Moncloa se explica que el objetivo es garantizar que las propuestas legislativas «no alteren el marco presupuestario establecido en la Ley de Presupuestos aprobada por las propias Cortes y en vigor». «El Gobierno trata de preservar una competencia exclusiva e indelegable del poder ejecutivo, tanto como asegurar el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal asumidos por nuestro país en el marco del proyecto europeo», argumentan.

Entre las 17 iniciativas bloqueadas, destaca una Proposición de Ley presentada por el Grupo Mixto (la antigua Convergencia y su portavoz, Francesc Homs , en concreto) sobre mejoras en la prestación económica de la Seguridad Social para la crianza de los hijos. Su aprobación supondría un aumento del gasto en más de 6.000 millones de euros de golpe , según el cálculo efectuado por el Gobierno. El texto decayó después de que el Ejecutivo mostrara su disconformidad.

En total, las iniciativas que ha impulsado la antigua Convergencia Democrática de Cataluña y que han sido vetadas por el Gobierno habrían supuesto un gasto de más de 8.000 millones de euros, suficiente para desequilibrar las cuentas más de lo aprobado en las Cortes. El Grupo Socialista , por su parte, ha firmado propuestas por un coste de unos 3.000 millones que han sido bloqueadas. Unidos Podemos rubrica dos proposiciones vetadas que habrían costado unos 1.200 millones de euros. Ciudadanos se ha quedado en 300 millones.

Una de las primeras proposiciones vetadas por el Ejecutivo de Rajoy es la de Revalorización de pensiones en 2017 , firmada por el PSOE, Podemos, Esquerra, PNV y la antigua Convergencia. Estos grupos pedían que, con efectos de 1 de enero de 2017, la cuantía de todas las pensiones públicas de la Seguridad Social, cualquiera que sea su modalidad y cualquiera que sea su régimen, incluido el de las clases pasivas, se incrementara en un 1,2 por ciento. El Gobierno calcula que de aprobarse esta proposición el gasto aumentaría de golpe en 1.150 millones de euros. Los Presupuestos actuales, de 2016, se prorrogarán automáticamente el 1 de enero, por lo que el Gobierno no ha aceptado ese incremento no previsto del gasto.

Otras de las iniciativas frenadas por el Ejecutivo están relacionadas con la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública , la generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo, dos sobre la suspensión del calendario de la Lomce, varias sobre la modificación del régimen de tasas judiciales, y una relativa a la transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia, presentada por el Parlamento gallego.

Ante los vetos del Gobierno, la Mesa del Congreso no ha considerado oportuno suspender la tramitación de, hasta el momento, dos de las proposiciones, una relativa al calendario de la Lomce y otra sobre las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados . La primera ha sido elevada al Pleno, que por mayoría ha decidido tomarla en consideración y se encuentra en fase de enmiendas. El choque entre el Congreso y el Gobierno ha sido frontal. Desde La Moncloa se considera que estos dos acuerdos de la Mesa no respetan las competencias del Ejecutivo, conforme a la Constitución. El Gobierno tiene la posibilidad de plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional, hasta el 21 de enero, algo que, según fuentes de La Moncloa, es la opción «más probable».

En La Moncloa aseguran que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respalda al Gobierno . En una sentencia de 2006, dio la razón al Consejo de Gobierno de Extremadura, a quien corresponde «la conformidad para tramitar toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios». Y subraya que «una vez aprobados (los Presupuestos), y durante su ejecución, no pueden, sin el consentimiento del Ejecutivo, plantearse iniciativas que alteren el equilibrio de los Presupuestos».