El PP dará al TC poder «sancionador» contra quien incumpla sus sentencias

García Albiol ha presentado junto al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, esta proposición de ley que se tramitará por el procedimiento de urgencia para que pueda ser aprobada en lo que queda de legislatura. La reforma persigue que el TC pueda sancionar a las autoridades o personas que incumplan sus resoluciones y además de imponerles multas -de entre 3.000 y 30.000 euros- incluye la posibilidad de suspenderlos en sus funciones.

García Albiol ha asegurado que la proposición de ley es la «garantía de que nadie pueda incumplir las resoluciones del TC y es un mensaje muy claro» a los que quieren «romper Cataluña del resto de España», para que sepan que «la broma se ha terminado» . Además, ha continuado, va «en contra de aquellos que pretenden saltarse las reglas del juego» y no respetan las decisiones de los tribunales. La iniciativa, que el candidato del PP ha calificado de «histórica», es «la forma más clara de demostrar» que los independentistas «no van a conseguir» su propósito, ha dicho.

Según ha explicado Rafael Hernando, con el trámite de urgencia se pretende que el pleno del Congreso vote la toma en consideración de esta proposición la semana del 14 de septiembre y después vote el texto legislativo el 29 de septiembre, dos días después de las elecciones catalanas. A continuación, la proposición de ley pasará al Senado, para que, en el caso de que se introduzcan enmiendas, pueda volver a tiempo al Congreso y ser aprobada definitivamente antes de que acabe la legislatura, ha apuntado Hernando.

Xavier García Albiol ha pedido a todos los grupos parlamentarios del Congreso que apoyen la iniciativa, un reclamo que ha dirigido especialmente a Unió Democrática de Catalunya (UDC) y al PSOE. Al respecto, Albiol ha señalado que en la votación de esta iniciativa se comprobará cuál es «la coherencia» de los socialistas, que «dicen una cosa en Madrid y lo contrario en Cataluña» cuando se refieren al debate soberanista catalán.

La proposición pretende modificar los artículos 83, 87, 92 y 95 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional , al que dota de instrumentos para que pueda garantizar el incumplimiento de sus sentencias. Recoge así, entre otras cosas, las citadas multas en caso de incumplimiento y la posibilidad de suspensión a autoridades y empleados públicos responsables así como la posibilidad de que el TC recurra al Gobierno para que «adopte las medidas necesarias» para «asegurar el cumplimiento de las resoluciones».

Para los casos en los que se incumplan decisiones del TC como la suspensión de actuaciones o disposiciones en «circunstancias de especial trascendencia constitucional», se permite al tribunal de oficio, a instancias del Gobierno, tomar las medidas necesarias para el cumplimiento «sin oír a las partes».

Y además se da un plazo de tres días para comunicar a las partes y al fiscal y para que el Tribunal Constitucional dice resolución. Según Hernando, en los últimos años se han visto situaciones de «desacato» e incumplimiento de las sentencias del TC, y esto «se tiene que acabar». Por eso, si las normas actuales no son suficientes para garantizar el cumplimiento de las leyes y en consecuencia los derechos de los ciudadanos , «lo que hay que hacer es adaptar las normas», ha dicho el portavoz popular. Se trata, ha insistido, de «defender los derechos individuales y colectivos del conjunto de los ciudadanos españoles, sean quienes sean y estén donde estén».

A pesar de que el anuncio se produce a pocas semanas de las elecciones catalanas, Rafael Hernando ha asegurado que la iniciativa no es ni «oportunista ni coyuntural», sino que tiene «verdadera vocación de futuro» para «suplir algunas lagunas». El portavoz popular ha explicado por otra parte que ha avisado al PSOE de la presentación de esta reforma, y se ha remitido a los socialistas para que hagan su valoración cuando la estudien.

Esta reforma es «la evidencia de que algunos defendemos a aquellos catalanes que se sienten profundamente catalanes pero también españoles no solo con palabras, sino con hechos», ha dicho Xavier García Albiol, que ha expresado su orgullo por haber trabajado con el grupo popular en la elaboración de esta reforma. «Esta medida no va en contra de nadie. Bueno sí, va en contra de quienes no respetan las decisiones de los órganos judiciales, y de aquellos que pretenden saltarse las reglas de juego y se sienten impunes ante las decisiones de los tribunales», ha añadido.