El recurso contra el último trasvase lleva días en el Supremo

Lo cierto es que el recurso del Ejecutivo que dirige el socialista Emiliano García-Page contra la última derivación hídrica hacia tierras del Levante desde los embalses de cabecera del Tajo se presentó a principios de esta semana ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, instancia judicial que hace años fue testigo de los incontables recursos presentados por José Bono; inútiles, sí, porque nada pudo parar las aguas, pero que dejaban bien clara ante la opinión pública la importancia, por otra parte muy rentable electoralmente, del «derecho al pataleo» en la reivindicación de unos recursos propios.

Esa «paz del agua» que Cospedal pudo establecer con la ayuda del plan de cuenca y el juego de los equilibrios políticos, parece que toca a su fin. Ayer, el diputado socialista Herick Campos instó a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y al presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, a que reclamen al Gobierno de Rajoy «los tres hectómetros cúbicos al mes que se han suprimido del trasvase Tajo-Segura con el PP».

Campos hizo estas declaraciones un días después de las manifestaciones realizadas por Bonig, en las que, entre otras consideraciones, anunció que el PPCV había presentado en Les Corts una Proposición No de Ley (PNL) para que todos los grupos políticos defiendan el Memorándum del trasvase Tajo-Segura y evitar, así, reabrir la «guerra del agua».

Campos se mostró «sorprendido» por las críticas lanzadas por la exconsellera «cuando las reivindicaciones del PPCV implican 160 hectómetros cúbicos menos de agua para los valencianos que la propuesta socialista, con el agravante de que nos encontramos en plena sequía».

Explicó que los socialistas votaron en el Congreso de los Diputados en contra de las enmiendas del Tajo-Segura en la Ley de Evaluación Ambiental «porque suponían una cesión de derechos de agua a favor de otras autonomías y porque la forma de tramitarlo provocaba inseguridad jurídica, como luego quedó demostrado al ser derogadas por el Tribunal Constitucional». Por ello, Campos incidió en que «Bonig debería aclararse primero y ser consciente de que las enmiendas fueron derogadas a instancias del Gobierno de Aragón del PP por no haber sido consultado».

«Es de cínicos decir que no se quiere abrir una guerra con el agua al tiempo que la única prioridad actualmente en la agenda del PPCV es criticar sistemáticamente al president de la Generalitat, Ximo Puig, y a su Consell por un recurso que no tiene posibilidades de prosperar», recriminó Campos. A su juicio, «el PP no tiene ninguna credibilidad en materia de agua, porque lo único que ha sabido hacer es cederle derechos al Gobierno de Castilla-La Mancha, a cambio de que Cospedal nombrara a Fabra, a Císcar y ahora nombrara a dedo a la propia Bonig».

«¿Cómo puede entenderse si no que en ningún momento los dirigentes del PPCV hayan salido a criticar el recorte de 23hm3 a 20hm3 de trasvase del Tajo-Segura al mes aprobado por Rajoy?», preguntó el diputado en el Congreso. Respecto a la PNL anunciada por Bonig, el diputado socialista adelantó que su partido presentará «una enmienda para pedir que se repongan los derechos de agua cedidos a Cospedal con la traslación legal del memorándum, como los 160 hm3 de agua de la cabecera y 3 hm3 mes en el nivel 3».

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó la designación de representantes en los órganos colegiados de las confederaciones hidrográficas del Tajo, Guadiana, Júcar, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero, siendo la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, la titular en la representación de todas ellas, y el director gerente de la Agencia Regional del Agua, Antonio Luengo, será suplente en estos 7 órganos. También, el Consejo acordó el nombramiento de María Dolores Herencia como directora general de Tributos y Ordenación del Juego.