AUDIENCIA nACIONAL

El juez sienta en el banquillo a Bárcenas y Lapuerta por la caja B del Partido Popular

Abre juicio oral al PP como responsable civil subsidiario y le impone una fianza de 1,2 millones de euros

El juez sienta en el banquillo a Bárcenas y Lapuerta por la caja B del Partido Popular Jaime García

lUIS p. aRECHEDERRA

28/05/2015
Actualizado a las 19:53h.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha sentado en el banquillo de los acusados a los dos extesoreros del Partido Popular Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como al exgerente de la formación política Cristóbal Páez y tres empleados de ... Unifica, la empresa que realizó la reforma de la sede del partido por los pagos y manejos realizados con la caja B del partido, una contabilidad paralela acreditada en la causa.

El magistrado también abre juicio oral contra el propio Partido Popular como posible responsable civil subsidiario y le impone una fianza de 1,2 millones de euros por los tributos dejados de pagar a Hacienda por el impuesto de sociedades de 2008 y y por el impuesto de sociedades de 2007 de la empresa Unifica. Además, el juez fija fianzas de casi 9 millones a Bárcenas y Lapuerta y de 6,1 millones para los empleados de Unifica: el arquitecto Gonzalo Urquijo y las empleadas Belén García y Laura Montero. Todos tienen diez días para realizar los pagos.

Con este paso, el juez que ha sustituido a Pablo Ruz como titular del juzgado central de instrucción número 5 de Madrid, acuerda también abrir juicio oral contra la empresa Unifica, como responsable civil directo y solidario, así como subsidiario. Además, el magistrado va un paso más allá que su antecesor y atribuye a los tres exdirigentes del PP -Bárcenas, Lapuerta y Páez- el supuesto delito de organización criminal.

Por lo demás, a los seis implicados el juez les atribuye los supuestos delitos de asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública. Esta investigación, conocida como «papeles de Bárcenas» y una de las más mediáticas de los últimos años en España, ha dejado acreditado que el PP tuvo una contabilidad B durante 18 años que fue manejada por los dos extesoreros y el exgerente.

El delito fiscal existiría en el caso de los antiguos responsables del PP por los impuestos que dejaron de tributar por los pagos en B de las obras de la sede de Génova y por las donaciones irregulares que recibieron en 2008 de diversos empresarios, que aparecieron en los apuntes de Bárcenas. En el caso de los empleados de Unifica, la empresa que cobró 1,5 millones en dinero negro, el fraude fiscal existiría por los tributos dejados de pagar por Sociedades e IVA en 2007 y 2010 respectivamente.

A partir de ahora, los letrados de los acusados tienen un plazo de veinte días para presentar los correspondientes escritos de defensa. Después solo quedará que la Audiencia Nacional fije fecha para que se celebre uno de los juicios más mediáticos de la historia reciente.

El auto incluye la sede del PP de La Rioja en el año 2008

El auto del juez José de la Mata, por el que ha abierto juicio a los extesoreros nacionales populares Luis Bárcenas y Álvaro de Lapuerta y al exgerente Cristóbal Páez, incluye un apartado sobre "Operaciones relativas a la adquisición de la nueva sede del PP de La Rioja (año 2008)". En él, el juez narra que el PP de La Rioja decidió, entre los últimos meses de 2007 y los primeros de 2008, buscar un local para su sede, una vez que el arrendador del local en alquiler en la que estaba, situado en la calle Alférez Provisional, no lo prorrogaría. Para ello, según el auto, se procedió a la compraventa de cuatro inmuebles en la calle Duquesa de la Victoria -una vivienda en una primera planta y tres locales en planta baja a pie de calle-.

La adquisición de estos inmuebles se efectuó en dos momentos diferentes, ya que el 28 de marzo de 2008 se compró la vivienda y dos de los locales; y el tercer local se adquirió el 6 de octubre de ese mismo año.

Para la realización de estas compras, añade el texto, los responsables del PP de La Rioja tuvieron que obtener un poder otorgado desde la sede central del partido, dado que "no tenían capacidad para efectuar ni la compra, ni la constitución del préstamo hipotecario". Por ello, De Lapuerta, primero y, más tarde, Bárcenas, ambos en calidad de tesoreros del PP, otorgaron sendos poderes a Carlos Cuevas y Ana Elvira Martínez, secretario general y gerente del PP de La Rioja, respectivamente, con las condiciones oportunas para lograr la compra de los inmuebles que constituirían la nueva sede. El auto detalla que, para la primera compra, desde el PP de La Rioja se solicitó un préstamo hipotecario por un importe de 900.000 euros, "siendo el precio de la compraventa de 800.000, dedicándose los 100.000 restantes a intereses y otros gastos generados por la compra". Este importe total se incluía en el poder otorgado como el precio límite a solicitar, obtener y disponer del banco en el crédito hipotecario.

Respecto a la ejecución de la segunda compra, el auto indica que se llevó a cabo mediante un crédito hipotecario de 120.000 euros, cantidad que se correspondía con el 38,83 % del precio de compra, y el resto de abonó con fondos de la propia sede regional, así como a través de una ayuda económica que se les facilitó desde la sede central del PP por 200.000 euros. Esta última cantidad fue transferida en "concepto de subvención, por orden del tesorero, quien, a su vez, en el poder otorgado, en este caso, al secretario general y gerente regional, había limitado el importe del préstamo hipotecario a solicitar a un máximo de 130.000 euros".