Bárcenas señala al presidente del PP sin nombrarlo como responsable de la caja B

Para justificar esta aseveración, la defensa de Bárcenas acude a los Estatutos del Partido Popular, donde se lee que el Presidente nacional es el máximo responsable y ostenta la representación política y legal del mismo. Así como a la Secretaría General le corresponde la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de su personal, entre ellos, el tesorero. De esta forma, vuelve a señalar como jefes de la contabilidad paralela a los distintos secretarios generales del Partido Popular —Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Mª Dolores de Cospedal—, desde que se creó la contabilidad B acreditada por Ruz como una «práctica continuada» durante 18 años.

Bárcenas hace hincapié en que en ningún momento actuó como administrador o responsable legal del Partido Popular, ni nunca elaboró las liquidaciones ante Hacienda. «Ni siquiera intervino en la presentación de la declaración de impuestos del PP en el ejercicio 2008», reza el escrito. Y cree que el magistrado confunde la presentación de esa declaración con la documentación contable del ejercicio 2008 entregada al Tribunal de Cuentas. «La obligación tributaria correspondía en todo caso al Partido Popular».

Los abogados del hombre que gestionó las finanzas del Partido Popular desde 1982, Francisco Maroto y Joaquín Ruiz de Infante, critican que el juez Ruz omita en su auto el informe emitido por la Agencia Tributaria que determina la inexistencia de delito fiscal sobre las donaciones percibidas por el Partido Popular que figuran en la contabilidad paralela del ex tesorero, porque no existe cuota tributaria defraudada.

Sobre el delito de apropiación indebida por la compraventa de acciones de Libertad Digital, la defensa del ex senador por Cantabria se pregunta si tendría «sentido que Bárcenas se hubiera apropiado del algún fondo de la caja B del Partido y el mismo entregase los documentos originales y explicase en sede judicial todos los movimientos que le incriminarían personalmente». Además, evidencian que la fragmentación de la causa en distintas piezas separadas ha provocado una doble imputación por el mismo delito.

Por tanto, el recurso de apelación considera que no existe delito contra la Hacienda Pública ni apropiación indebida como asegura el auto de transformación de las diligencias previas de la pieza más conocida como «los papeles de Bárcenas».

El juez Pablo Ruz concluyó la investigación sobre los «papeles» considerando acreditada la existencia de una caja B del Partido Popular durante 18 años «al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas». En el auto de 190 páginas propuso juzgar por delitos contra la Hacienda Pública a dos de sus tesoreros, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, como al exgerente Cristóbal Páez. Y a los responsables de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, estudio de arquitectura que realizó la reforma de la sede del PP en la calle Génova, por la que cobraron 1,55 millones de euros en dinero negro de los fondos ocultos del partido. Además, razonó que el PP es responsable civil subsidiario de este supuesto delito fiscal.